La banca exige al Gobierno la reglamentación inmediata de la Ley de Inocencia Fiscal, advirtiendo que la falta de cobertura legal traslada el riesgo penal antilavado a las entidades.
La Ley de Inocencia Fiscal fue promulgada este viernes, pero su aplicación inmediata quedó frenada por un vacío regulatorio que la banca se niega a cubrir. Las principales asociaciones bancarias remitieron una nota urgente al Banco Central y a la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitando una mesa de trabajo inmediata para ordenar los criterios operativos. El reclamo central es que la normativa modifica el régimen fiscal de los contribuyentes, pero no exime a los bancos de las obligaciones de control antilavado.
El núcleo del conflicto reside en que el nuevo régimen, al no configurar un blanqueo clásico con amnistía plena sobre el origen de los fondos, deja intactas las responsabilidades de las entidades bajo la Ley 25.246. Sin una reglamentación específica y una norma operativa del BCRA, los bancos están legalmente obligados a reportar como sospechosa cualquier operación de depósito de dólares que no cuente con una justificación de origen documental.
La hija de Kim Jong-Un visitó el mausoleo familiar y reavivó las versiones sobre su posible sucesión en Corea del NorteEn este contexto de incertidumbre legal, el ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó sus redes sociales para ejercer presión sobre el sector privado, instando a los ahorristas a optar por el Banco Nación si las entidades privadas exigían demasiados requisitos. Esta intervención generó tensión y quedó en evidencia la falta de coordinación cuando un posteo promocional del Banco Nación debió ser borrado por carecer aún de respaldo normativo para invitar a depositar activos.
A esta complejidad se añade el factor internacional y provincial. Ejecutivos de bancos globales señalan que las normas de compliance regidas por el GAFI limitan severamente la captación de estos activos, ya que el riesgo de sanciones externas supera el incentivo comercial. A nivel interno, las entidades también advierten que la bancarización de fondos activa automáticamente gravámenes locales, como el Sircreb, que descuentan Ingresos Brutos apenas el dinero ingresa al sistema.
El consenso técnico del sector es que las declaraciones políticas son insuficientes y que el riesgo de una investigación penal por omisión recae directamente sobre los ejecutivos. La ley brinda un alivio a los clientes, pero necesita imperiosamente una norma complementaria que otorgue seguridad jurídica y cobertura operativa clara a las entidades financieras para evitar responsabilidades en el circuito de control.
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