## Un paso más hacia la permanencia indefinida
El régimen nicaragüense acaba de dar otro empujón para asegurar su continuidad en el poder. Daniel Ortega envió al Legislativo —controlado en su totalidad por sus aliados— una reforma constitucional que estiraría los mandatos presidenciales de seis a siete años, con la posibilidad de renovarlos sin límite alguno. La bancada oficialista ya anticipó que rubricará la norma durante septiembre, cerrando así el paso a cualquier competencia electoral real.
La iniciativa no llega sola. Va acompañada de una veda explícita contra quienes el gobierno etiqueta como «traidores a la patria» o instrumentos de Washington. De este modo, el Ejecutivo se reserva el derecho de definir quién puede —y quién no— presentarse a una contienda que, en la práctica, dejaría de ser competitiva.
## La defensa oficial y el repudio generalizado
Gustavo Porras, titular del Congreso, leyó los fundamentos del proyecto ante los diputados. Allí se sostiene que la ampliación garantiza «estabilidad» y permite responder con «energía» a las necesidades del país. Rosario Murillo —copresidenta y esposa de Ortega— agregó que el borrador fue presentado ante el cuerpo diplomático y que se abrirá un espacio de consultas previo a la sanción definitiva.
Desde el exilio, la reacción no se hizo esperar. Dora María Téllez, histórica figura del sandinismo que hoy enfrenta al gobierno, fue tajante: la propiedad busca cristalizar una tiranía donde la reelección deja de tener sentido porque no existirían elecciones propiamente dichas. Yader Morazán, abogado opositor, advirtió que la pareja presidencial persigue el «poder vitalicio». Por su parte, María Asunción Moreno calculó que el mandato actual podría extenderse hasta 2028, para luego reiniciar otro ciclo de siete años sin participación alternativa.
## Antecedentes y reacciones en la región
Esta no es la primera maniobra en ese sentido. En 2024 ya se había incrementado el período de cinco a seis años, se creó la figura de la copresidencia y se postergaron los comicios para noviembre de 2027. Ahora, con los nuevos cambios, Ortega —de 80 años— y Murillo —de 75— afianzarían una permanencia ininterrumpida que arranca desde 2007, sumada a su primera gestión durante la década del ochenta.
El anuncio generó rechazos en distintas latitudes. La administración estadounidense advirtió que no permanecerá pasiva frente a lo que califica como dictadura. La Unión Europea reclamó comicios acordes a los estándares internacionales. Abelardo de la Espriella, próximo presidente de Colombia, anticipó la ruptura de relaciones bilaterales para cuando asuma el 7 de agosto. Solo Claudia Sheinbaum, presidenta mexicana, relativizó la cuestión al invocar la autodeterminación de cada nación.
Redacción SDN
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