El régimen sandinista impulsa una reforma constitucional para extender el mandato presidencial y bloquear a cualquier adversario político. La medida, que ya cuenta con el respaldo del Legislativo controlado por el oficialismo, profundiza la concentración del poder en la pareja presidencial.

## La maniobra para perpetuarse
Daniel Ortega presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto que estira el período de gobierno de seis a siete años con posibilidad de renovación indefinida. La iniciativa, que el Congreso prevé sancionar en septiembre, también incluye una veda electoral dirigida contra opositores a quienes el Ejecutivo acusa de colaborar con intereses estadounidenses.
Gustavo Porras, titular del Parlamento, defendió la extensión al argumentar que otorga «estabilidad en visión, operatividad y continuidad». Rosario Murillo, copresidenta del país, indicó que el borrador fue presentado ante el cuerpo diplomático y que se realizarán consultas previas a la votación.
La reforma se encadena con otra aprobada en 2024 que ya había incrementado el mandato de cinco a seis años, creado la figura de la copresidencia y postergado los comicios para finales de 2027. De prosperar esta nueva modificación, Ortega podría extender su gestión hasta 2028 y luego iniciar un ciclo de siete años adicionales.
## Críticas desde el exilio y la comunidad internacional
La propuesta generó repudio inmediato entre dirigentes opositores fuera del país. Dora María Téllez, exguerrillera sandinista convertida en presa política del régimen, sostuvo en redes sociales que la cláusula de renovación busca instalar una tiranía permanente. «No habrá reelección porque no habrá elección», remarcó.
El letrado Yader Morazán alertó sobre la intención de asegurar «el poder vitalicio, sin límite real, sin alternancia y sin elecciones competitivas». Por su parte, María Asunción Moreno precisó que el mecanismo permitiría a la pareja presidencial gobernar sin pasar por urnas libres. La Gran Confederación Opositora Nicaragüense calificó el anuncio como «descaro total» de la «dictadura sandinista Murillo-Ortega».
El rechazo trascendió fronteras. Washington advirtió que no permanecerá pasivo frente a lo que considera una dictadura. Bruselas reclamó comicios acordes con estándares internacionales. Abelardo de la Espriella, próximo mandatario colombiano, anticipó la ruptura de relaciones bilaterales para su asunción el 7 de agosto. En contrapartida, Claudia Sheinbaum de México invocó la autodeterminación de los pueblos para no interferir.
Ortega y Murillo, de 80 y 75 años respectivamente, acumulan ya dieciocho años consecutivos en el poder desde 2007, a lo que se suma la primera gestión del mandatario durante la década de 1980.
Redacción SDN
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