La normativa impulsada por el Ejecutivo busca fomentar el blanqueo de divisas y establece un nuevo régimen simplificado que limita los controles sobre las variaciones patrimoniales y el consumo.
Luego de su aprobación en el Senado el pasado viernes, la Ley de Inocencia Fiscal entra en vigencia con el objetivo central de incentivar la regularización de dólares obtenidos en el mercado informal. El gobierno de Javier Milei impulsó esta iniciativa que introduce cambios profundos en el Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y el Código Civil y Comercial de la Nación, además de implementar un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.
Un régimen con «blindaje» para contribuyentes
La nueva norma crea el denominado Régimen simplificado de Ganancias, una herramienta mediante la cual los sujetos que se adhieran quedarán protegidos de futuras investigaciones. Para acceder a este beneficio, se estableció un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos. Según lo estipulado, quienes participen no tendrán la obligación de informar sobre sus variaciones patrimoniales ni se les realizará un seguimiento de sus consumos habituales. Bajo este esquema, la entidad recaudadora ARCA solo percibirá el impuesto a las Ganancias sobre los ingresos efectivamente facturados. El crecimiento del patrimonio del contribuyente no será objeto de fiscalización, deduciéndose los consumos de dicha base operativa. El artículo 39 de la ley especifica que el pago tendrá un efecto liberatorio siempre que se acepte la declaración jurada propuesta por el organismo y se abone en término, salvo en casos donde se detecte la omisión de ingresos.
Nuevos umbrales para delitos de evasión
Uno de los aspectos más significativos de la Ley de Inocencia Fiscal es la actualización de los montos mínimos para la configuración de delitos penales. El piso para que un hecho sea considerado evasión simple se elevó de 1.500.000 pesos a 100.000.000 de pesos. En la misma línea, para que la conducta sea calificada como evasión agravada, el monto a investigar deberá superar los 1.000 millones de pesos, reemplazando el límite anterior de 15 millones. Asimismo, la normativa reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias, que pasa de cinco a tres años. Por otra parte, ARCA se abstendrá de iniciar acciones penales si los contribuyentes cancelan sus deudas junto con los intereses correspondientes, aunque este beneficio se otorgará por única vez a cada persona física o jurídica.
Sanciones y extinción de acciones penales
En situaciones donde la denuncia penal aún no haya sido radicada, la acción quedará extinguida si el deudor cancela sus obligaciones pendientes. Para ello, deberá abonar un recargo adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación de su imputación. A pesar de que la ley propone una flexibilización en los controles y un alivio en las penas por evasión, el texto también establece un endurecimiento en las sanciones económicas. Específicamente, se incrementarán las multas destinadas a quienes presenten sus declaraciones juradas fuera de los plazos establecidos por el calendario fiscal.
Con información de NA.
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