El senador nacional por la provincia de San Luis, Fernando Salino, oficializó la presentación de dos proyectos de ley en la Cámara Alta con el objetivo de restringir de manera absoluta el acceso a regímenes de regularización dominial y beneficios impositivos para las Personas Políticamente Expuestas (PEP). Las iniciativas buscan modificar la Ley 27.799 de Inocencia Fiscal para excluir de sus alcances a funcionarios públicos, legisladores y sus familiares directos, al tiempo que establecen un marco prohibitivo de carácter permanente hacia el futuro para cualquier tipo de amnistía o blanqueo de capitales dirigido a quienes ejerzan o hayan ejercido cargos de alta responsabilidad estatal. Durante su intervención en la señal de Servicio de Noticias, el legislador puntano fundamentó la oportunidad del planteo ante la posibilidad de que el Poder Ejecutivo envíe un nuevo paquete de reformas tributarias al Congreso. Salino remarcó que resulta éticamente inadmisible que las autoridades de gobierno aprueben marcos normativos excepcionales que posteriormente derivan en alivios fiscales para su patrimonio personal, señalando el precedente de integrantes del gabinete nacional que hicieron uso del régimen simplificado. Extensiones del veto, impacto internacional y control institucional
La propuesta legislativa contempla un alcance integral sobre el entorno de los agentes estatales y establece pautas estrictas respecto de los órganos de contralor: Incompatibilidad y alcance a familiares: Las iniciativas estipulan la prohibición para cónyuges, convivientes y parientes de primer grado, extendiendo la inhabilitación para ingresar a regímenes de inocencia fiscal o blanqueos hasta dos años posteriores a la cesación en el cargo público. Calificación internacional y rol de ARCA: Salino advirtió que la flexibilización de los controles sobre el origen de los fondos deteriora la evaluación de la Argentina ante organismos internacionales de lucha contra el lavado de dinero. Precisó que, si bien la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) opera como autoridad de aplicación directa, la Unidad de Información Financiera (UIF) pierde capacidad de fiscalización al simplificarse las declaraciones de ganancias y bienes. Falta de cumplimiento constitucional del Gabinete: El senador criticó la irregularidad en las visitas del Jefe de Gabinete al Congreso para rendir informes de gestión, señalando que la falta de concurrencia al Senado erosiona el control parlamentario en momentos donde el oficialismo promueve además reformas al sistema electoral. Por último, Salino ratificó que el interbloque opositor buscará incorporar el articulado de estos proyectos durante el debate de las modificaciones tributarias en comisiones, insistiendo en que el Estado no debe equiparar la situación de los contribuyentes cumplidores con la de aquellos funcionarios que omitieron declarar sus bienes.
