Crisis sanitaria, reforma constitucional y derechos en contexto de encierro: el balance de María José Zanglá La médica y diputada provincial justicialista María José Zanglá trazó un crudo panorama sobre la coyuntura que atraviesa la provincia de San Luis, abordando el deterioro del sistema de salud pública y privada, los cuestionamientos a la reforma de la Constitución Provincial, la situación laboral de los beneficiarios del Plan de Inclusión y el estado de la exlegisladora Anabela Lucero en el penal. Deterioro del sistema sanitario y alerta epidemiológica
Consultada sobre el funcionamiento del área de salud, Zanglá manifestó que el sector atraviesa una etapa crítica sin precedentes: "En mis 15 o 16 años de ejercer en San Luis la profesión, creo que nunca se vio desde el recurso humano cómo está ahora: está diezmado y principalmente las ganas, el ímpetu del personal sanitario… es un total desgano continuo dadas las respuestas en salud pública y también en salud privada." La legisladora alertó además sobre el retroceso en indicadores sanitarios fundamentales: "San Luis pasó de estar en vacunación, dejamos la provincia en el 2023 éramos segundos en la Argentina en vacunar y ahora estamos allá al fondo. En enfermedades de transmisión sexual, lo que es sífilis, somos cabeceras […] y el número más drástico que tenemos es suicidio: somos la segunda provincia en Argentina con el mayor índice de suicidio." Asimismo, ante las alertas climáticas y los eventuales fenómenos meteorológicos adversos, remarcó la falta de protocolos de cara a la ciudadanía: "Cuando uno se prepara para una contingencia, ya sea de desastre o catástrofe, el primero que debe saber qué hacer es el ciudadano. Bueno, acá nosotros no sabemos qué hacer." Situación de los beneficiarios del Plan de Inclusión Social
Respecto al reclamo salarial de los trabajadores estatales y la situación de los beneficiarios del Plan de Inclusión, la diputada sostuvo que se incurre en una precarización de funciones: "Es como un déjà vu esto que está sucediendo; esto ya ocurrió en el gobierno anterior de Claudio Poggi, en el cual el plan de inclusión cumplía las funciones de un empleado público. Entonces, en vez de contratar empleado público del plan de inclusión, capacitarlo y que formen parte del escalafón general […] los tienen como plan de inclusión cumpliendo la carga horaria del empleo público y por supuesto ganando como plan de inclusión." El debate en torno a la Reforma Constitucional
Al evaluar el proyecto oficialista para convocar a una Convención Constituyente, Zanglá ratificó los cuestionamientos del espacio justicialista y enfatizó que no se incluyó a la comunidad organizada en los debates preliminares: "Nosotros pedimos siempre: si la vamos a modificar, la modificamos toda, la vemos toda […] no vamos a hacer estos puntos en los cuales bien lo dijo Alberto [Rodríguez Saá] en sus declaraciones: es prohibitiva, es proscriptiva y es una ley electoralista que busca actualizar una Constitución para un gobierno, y la Constitución es del pueblo y para el pueblo." "Si nosotros vamos a modificar la Constitución, nosotros debemos buscar el consenso de todos los sectores previamente […] el Colegio de Abogados pidió trabajar, las universidades pidieron trabajar y bajo ningún concepto tuvieron participación." El caso Anabela Lucero y la atención médica penitenciaria
Por último, Zanglá se refirió a la situación de Anabela Lucero, quien requería atención médica tras sufrir una lesión y cuyo traslado al Hospital Central Dr. Ramón Carrillo generó controversia: "Trasladar un paciente que no tiene turno, que no tiene pedido médico, que solamente va con una orden judicial al voleo, que la ingresan por guardia y es una práctica programada, eso habla de una intencionalidad, porque el proceso por el cual ingresa un paciente penitenciario al Carrillo está totalmente escrito y consensuado por las partes." Frente a los dichos de la ministra de Seguridad provincial, Zanglá concluyó: "Principalmente hay que tener en cuenta que Anabela Lucero está procesada, está imputada y no está acusada; o sea, está en pleno periodo de investigación. Acusarla de algo que no está probado todavía es complicado, más ella que es ministra de Seguridad […] debe velar por todos los ciudadanos, inclusive los que están privados de la libertad."
