Los sindicatos, estudiantes y trabajadores protagonizaron este jueves una nueva jornada de huelga general en Francia, con movilizaciones en distintas ciudades para reclamar aumentos salariales, mejoras laborales y mayor financiamiento educativo. El Ministerio del Interior contabilizó 575.000 manifestantes en todo el país, mientras que la CGT elevó la participación a 1,6 millones. El balance provisional también registró 448 detenciones y 53 policías heridos, en una jornada para la que el Gobierno desplegó 70.000 policías y gendarmes.
La protesta se desarrolló en un contexto de creciente malestar por el encarecimiento del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo. Las movilizaciones afectaron el funcionamiento del transporte público y de establecimientos educativos, mientras algunos de los principales atractivos turísticos de la capital también modificaron su actividad.
Francia, bajo un fuerte operativo de seguridad
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, dispuso el despliegue de 70.000 policías y gendarmes para controlar las movilizaciones. El dispositivo incluyó unidades especiales, vehículos blindados, drones y helicópteros, con el objetivo de evitar incidentes y garantizar el desarrollo de las marchas.
En París, la Torre Eiffel permaneció cerrada durante la jornada por la huelga nacional, mientras que el Museo del Louvre mantuvo sus puertas abiertas, aunque con algunas salas fuera de servicio. También se registraron alteraciones en los servicios de transporte y cierres de establecimientos educativos.
Las manifestaciones se extendieron por ciudades como Lyon y Marsella, además de distintos puntos del país. Si bien la mayoría de las movilizaciones se desarrolló pacíficamente, las autoridades informaron episodios de tensión y enfrentamientos en algunas localidades.
En París y Lyon hubo choques entre manifestantes y policías, que utilizaron gases lacrimógenos. El Ministerio del Interior informó, además, que se realizaron 86 intervenciones por incendios durante la jornada.
Los reclamos por los salarios y el costo de vida
En un comunicado conjunto, las principales organizaciones sindicales advirtieron sobre el deterioro de la situación económica y alertaron que Francia está al borde de una recesión. También cuestionaron el aumento de los precios y la falta de mejoras en los ingresos de los trabajadores: «El combustible, los alimentos, el alquiler, el gas, la electricidad… todo sube excepto los salarios y las pensiones», expresaron los sindicatos.
Además señalaron que los planes de despidos se multiplican en distintos sectores: «La ira es inmensa», agregaron en el documento, en el que también advirtieron que «la situación en este país es frágil. Los apremiantes desafíos sociales y ambientales deben abordarse sin demora».
Entre los principales pedidos figuran un aumento del salario mínimo, una suba general de los ingresos, mayor justicia fiscal y la preservación de los servicios públicos. Los gremios también reclaman mejores condiciones para los estudiantes y medidas que permitan recuperar el poder adquisitivo frente al encarecimiento de los productos básicos.
El salario mínimo francés no recibe un incremento extraordinario desde 2012. En ese escenario, el ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, había anticipado que el Gobierno podría realizar anuncios sobre ese ingreso «alrededor del 5 de noviembre», aunque no había precisado si contemplarían una suba adicional.
Estudiantes y trabajadores profundizan las protestas
El movimiento de protesta comenzó en septiembre, a partir de un reclamo por la falta de personal en una escuela secundaria ubicada al sudeste de París. Con el correr de las semanas, la movilización se extendió a otras regiones y sumó a estudiantes que exigen mayor financiamiento para la educación y a trabajadores afectados por el incremento de los costos de vida.
También se incorporaron los denominados chalecos amarillos, el movimiento antigubernamental que surgió en 2018 y que volvió a las calles para cuestionar el encarecimiento de los combustibles y otros productos.
Un escenario de tensión con el Gobierno
La jornada se desarrolló en medio de un escenario económico complicado para Francia, que enfrenta un elevado nivel de deuda y registra uno de los desempeños económicos más débiles de Europa, junto con Italia y Bélgica.
Un barómetro difundido el miércoles reflejó el impacto de la situación sobre los hogares: una de cada dos personas aseguró tener dificultades para vivir con los ingresos familiares.
A las demandas económicas se sumaron cuestionamientos por presuntas restricciones a la libertad de manifestación. En varias ciudades se prohibieron marchas por determinados sectores de los centros urbanos, mientras que sindicatos y organizaciones de derechos humanos denunciaron lo que consideran «una deriva autoritaria» del Gobierno. En París, la Justicia avaló un recorrido alternativo propuesto por las autoridades.
Por su parte, los chalecos amarillos ya anunciaron nuevas protestas para el sábado y convocaron a una movilización coordinada hacia finales de noviembre en otros seis países europeos: Bélgica, España, Grecia, Italia, Portugal y Reino Unido.
En ese contexto, el primer ministro Sébastien Lecornu recibirá el próximo lunes a sindicatos y organizaciones empresariales en una conferencia social para abordar el poder adquisitivo y los salarios, según anunció su gabinete. La convocatoria abrió una instancia de diálogo después de la nueva jornada de movilización nacional.