La isla caribeña intenta una salida inédita ante el colapso de su red eléctrica: transformar a cada habitante en generador de su propia luz. Dos normativas recientes abren la puerta a exenciones impositivas y facilitan la venta de energía renovable al sistema estatal, en momentos en que los cortes alcanzan niveles críticos.
## Una apuesta por la autogestión energética
Las resoluciones 179 y 180, vigentes desde este año, conforman el andamiaje legal de esta estrategia. La primera amplía las tecnologías con las que los particulares pueden inyectar electricidad a la red nacional: además de paneles solares, ahora se admiten equipos eólicos y sistemas de biomasa. La segunda, quizás la más resonante, elimina los aranceles de importación para una amplia gama de equipos: desde kits fotovoltaicos y calentadores solares hasta biodigestores, pequeños generadores y hasta cargadores para autos eléctricos que funcionen con fuentes limpias.
El gesto del Ejecutivo busca paliar una situación límite. Durante la jornada de entrada en vigencia de estas medidas, el sistema operaba con 1.050 megavatios disponibles para atender una demanda pico de 3.300. La diferencia obligó a desconectar más de dos tercios del territorio en horario de máximo consumo. Los cubanos, en promedio, cuentan con dos o tres horas de servicio diario.
## Protestas en la oscuridad y réplica oficial
La medida llega cuando la desesperación ya se traduce en manifestaciones espontáneas. Vecinos de la capital han protagonizado cacerolazos, quema de basura en las calles y reclamos pacíficos que la prensa oficial apenas registra.
La viceministra de Finanzas y Precios, Yenisley Ortiz, detalló que los beneficios fiscales también alcanzarán a empresas privadas que instalen equipos en centros de salud, hogares maternos, edificios de viviendas y domicilios de personas que dependen de dispositivos médicos eléctricos. Los sistemas de bombeo de agua potable, otro servicio comprometido, figuran igualmente entre las prioridades.
Analistas externos atribuyen el derrumbe a décadas sin inversión y al avance de la obsolescencia en plantas y redes. La versión del gobierno de La Habana apunta exclusivamente al bloqueo estadounidense, al que denuncia como una política deliberada de «asfixia energética».
Redacción SDN
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