El guardián de la ética, en el banquillo: El escándalo de «El Caburé» y el silencio del Ejecutivo
25 de marzo de 2026
El gobierno de San Luis enfrenta una crisis institucional y política sin precedentes recientes. El gobernador Claudio Poggi debió aceptar la renuncia de Ricardo André Bazla, titular de la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión, luego de que la Justicia lo imputara formalmente por defraudación contra la administración pública.
Lo que comenzó como un presunto intento de transparentar la gestión estatal terminó con el principal encargado de auditar los recursos públicos acusado de perjudicar directamente las arcas de la provincia.
El caso: La cosecha que se evaporó
El centro de la investigación es «El Caburé», un establecimiento agrícola estatal de 1997 hectáreas ubicado en la Ruta Provincial N° 27. Según el Ministerio Público Fiscal, tras la recuperación del campo por parte de la provincia en 2024, Bazla y otros implicados habrían gestionado contrataciones para la cosecha de maíz eludiendo la Ley de Contabilidad y los procedimientos administrativos básicos.
El resultado fue la desaparición de una cosecha valuada en millones de dólares (se estima que 2.8M U$D), dejando al Estado sin su patrimonio y sin una trazabilidad clara de los fondos o de los granos.
Un revés judicial con múltiples cargos
El juez de Garantía Nº 1, Alfredo Cuello, admitió los cargos provisorios presentados por la fiscalía y la querella. Los delitos que pesan sobre el ahora exfuncionario son graves y múltiples:
- Defraudación por administración fraudulenta.
- Falsedad ideológica y utilización de instrumento público agravado.
- Estafa procesal.
- Incumplimiento de los deberes de funcionario público.
- Abuso de autoridad.
- Peculado y hurto.
Actualmente, Bazla tiene prohibido acercarse a funcionarios del Ejecutivo, salir del país y, de manera más simbólica, ingresar a la Casa de Gobierno sin autorización judicial expresa.
La sombra de las «órdenes superiores»
Un detalle crítico que encendió las alarmas políticas ocurrió durante la audiencia. La defensa de Darío Oviedo —designado normalizador del Pueblo Ranquel y otro de los implicados— aseguró que su cliente actuó cumpliendo indicaciones de sus superiores jerárquicos, aportando comunicaciones telefónicas como evidencia. Esta declaración abre la puerta a que la investigación escale hacia la cúpula del Ejecutivo provincial.
Reflexión: ¿Debería dar explicaciones el gobernador Claudio Poggi?
Frente a la gravedad institucional de los hechos, el silencio del primer mandatario resulta políticamente insostenible. La respuesta a si el gobernador Claudio Poggi debe dar explicaciones públicas es un rotundo sí, por tres razones fundamentales:
1. Responsabilidad jerárquica y política directa Bazla no ocupaba un rol periférico; era la máxima autoridad en Ética Pública y Control de Gestión. Su cartera funcionaba como el principal mecanismo del Ejecutivo para garantizar la transparencia. Si el «auditor» estatal defrauda al propio Estado, la falla de control recae invariablemente en quien lo designó y lo mantuvo en el poder.
2. Conocimiento previo e inacción (Omisiones) Según los registros judiciales, la denuncia inicial data de diciembre de 2025, pero el propio Bazla se había presentado espontáneamente en la Justicia en octubre de 2024. Es inverosímil que el gobernador Poggi no tuviera conocimiento de que uno de sus funcionarios de mayor rango estaba bajo la lupa judicial desde hacía más de un año. Permitirle seguir controlando los recursos del Estado mientras era investigado por defraudación constituye, como mínimo, una grave omisión estratégica y política.
3. El riesgo del encubrimiento institucional La declaración judicial que menciona la existencia de «órdenes de superiores jerárquicos» sitúa la lupa directamente sobre el gabinete provincial. Dado el rango de Secretaría de Estado que ocupaba Bazla, las escalas superiores apuntan inevitablemente a la Jefatura de Gabinete o al propio Gobernador. Poggi necesita aclarar si conocía las decisiones tomadas por Bazla respecto a los bienes del Estado y por qué no intervino preventivamente antes de que la Justicia se viera forzada a prohibirle la entrada a la Casa de Gobierno.
La renuncia de Bazla no soluciona el problema de fondo, solo aparta al fusible. El vacío de credibilidad que queda en el área de Ética Pública exige que la máxima autoridad de San Luis rinda cuentas ante la sociedad sobre qué sabía, cuándo lo supo y por qué no actuó antes.
Ahora, el tablero le da el movimiento a la justicia, juegan blancas (sobre negras), el movimiento no será de mate, pero si de maíz. Lo que pone en jaque al ejecutivo que optó por la simple, ejecutar (políticamente) al fusible (por no decir peón), para salvar a la reina. Lo que reina, entonces, en la comarca, es la marca de la gorra que no pudo tapar la calvicie moral. Casi una tomada de pelo.