La ciudad autónoma enfrenta un colapso total en su sistema de protección infantil tras el éxodo masivo desde territorio marroquí. Las autoridades locales no dan abasto y exigen que el resto de España se haga cargo de la situación.
## La cifra que desbordó todo
Durante los últimos días, cerca de 72 mil personas intentaron cruzar la frontera en una de las oleadas migratorias más intensas de los últimos años. El saldo dejó aproximadamente 75 muertos y una secuela compleja: unos 1.100 menores que llegaron solos y que ahora no tienen adónde ir. A diferencia de los adultos, la mayoría de los cuales fueron devueltos a Marruecos, estos chicos no pueden ser expulsados así nomás. La ley exige protección especial, pero la realidad es otra.
Los centros oficiales de acogida ya no tienen ni una cama libre. Parte de los menores duermen en galpones improvisados o depósitos acondicionados a las apuradas. Otros directamente pasan la noche en la calle. El panorama, según admiten los propios funcionarios, es de emergencia sanitaria y social.
## Cruce de discursos y falta de acuerdo
Juan Jesús Vivas, titular del gobierno local, salió con los tapones de punta. «Estamos pidiendo auxilio, socorro y solidaridad», lanzó en una entrevista radial, sin vueltas. Para él, la situación es «absolutamente insostenible» y reclama que las comunidades peninsulares absorban parte de la carga.
El tema, sin embargo, picó en punta en la política nacional. La coalición entre el Partido Popular y Vox mostró grietas inmediatas. Santiago Abascal y su gente se opusieron frontalmente: el líder de la ultraderecha aseguró que ningún peso del erario público debería destinarse a estos jóvenes. Los populares, en cambio, mantienen una postura más ambigua en algunas regiones donde gobiernan en conjunto.
Los que trabajan en el tema advierten que, incluso si hubiera voluntad política, los traslados no son inmediatos. Cada pibe necesita una evaluación individual: entrevistas, documentación, contacto con los países de origen para ver si existe posibilidad de reunificación familiar. Es un trámite que lleva semanas, a veces meses.
Mientras tanto, Ceuta sigue con los recursos al límite y la esperanza puesta en una respuesta que, por ahora, no llega.
Redacción SDN
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