La Secretaria Adjunta de UPCN Seccional San Luis, Romina Castillo, expuso la crítica situación de desfinanciamiento que sufren los salarios frente a la inflación y el aumento constante del costo de vida. Durante sus intervenciones, analizó el impacto del deterioro del poder adquisitivo, la insuficiencia de las medidas salariales gubernamentales y las graves repercusiones socioeconómicas que esto genera en las familias estatales. Insuficiencia salarial y pérdida del poder de compra: Castillo remarcó que las recomposiciones salariales y adelantos de tramos (como el adelantamiento de porcentajes) resultan insuficientes ante el costo real de la canasta básica. Señaló que gran parte de los salarios estatales se encuentran por debajo de la línea de pobreza, lo que impide a los trabajadores cubrir los gastos esenciales del mes.
Endeudamiento y altos índices de morosidad: La referente gremial advirtió que la pérdida de poder adquisitivo ha derivado en un creciente nivel de endeudamiento familiar. Explicó la diferencia entre estar endeudado y caer en morosidad, alertando sobre la alarmante tasa de mora en la provincia, donde los ingresos no alcanzan siquiera para cubrir la primera quincena del mes.
Impacto en la salud mental y bienestar integral: El desfinanciamiento salarial y la incertidumbre económica no solo afectan la economía del hogar, sino que también repercuten fuertemente en la salud emocional y mental de los trabajadores. Se evidencian cuadros de estrés severo, síndrome de burnout, ansiedad y un deterioro general en la calidad de vida.
Reclamos estructurales (Básico vs. No Remunerativo): Desde UPCN se enfatiza la necesidad de que los incrementos sean reales y vayan directo al básico, evitando que queden diluidos en conceptos no remunerativos o bonos de única vez, los cuales —si bien funcionan como paliativos inmediatos— perjudican a futuro las jubilaciones y la escala salarial. La postura de Romina Castillo y de UPCN subraya que la crisis de ingresos de los empleados públicos requiere soluciones de fondo y una recomposición salarial genuina que se equipare al costo de la canasta básica familiar. Sin una respuesta estructural que recomponga el salario básico y frene la pérdida del poder adquisitivo, el desfinanciamiento seguirá profundizando la vulnerabilidad económica, el sobreendeudamiento y la precarización en la administración pública.
