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El deterioro del clima social y las dudas financieras impulsan al alza el riesgo país, que se aleja de las 400 unidades. Los analistas observan con cautela la volatilidad de los bonos soberanos y el rumbo de la economía. sdn.digital
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SI PASA, PASO | Francisco "Chueco" Paz sdn.digital
Las autoridades del Club GEPU brindaron una conferencia de prensa para fijar su postura en torno a la causa judicial por el presunto desvío de fondos a través de la plataforma Mercado Pago. La defensa técnica de la actual comisión directiva rechazó de manera tajante los cargos, calificándolos como "mentiras fabricadas" y asegurando que las pericias contables demostrarán la inexistencia de los delitos denunciados por la gestión saliente. El abogado defensor explicó el origen de la cuenta objeto de la polémica, detallando que fue creada en el año 2018 bajo el CUIT del club, pero utilizando el número de línea telefónica de una joven que en ese momento se desempeñaba como becaria de la institución. Al respecto, precisó que se trataba de un número de contacto que quedó para uso exclusivo del club y que los denunciantes intentan utilizar este elemento de forma maliciosa para responsabilizar a personas ajenas a las decisiones administrativas. "La cuenta está a nombre del club, bajo el CUIT del club. Las cuentas las usa y las administra el tesorero, ahora y siempre", remarcaron las autoridades, desestimando los montos denunciados por carecer de sustento probatorio en el expediente. Finalmente, la defensa fue categórica al señalar el móvil detrás de la presentación judicial de la querella. "Ese es el trasfondo… es económico el trasfondo, ninguna duda que es económico", sentenció el letrado, vinculando la denuncia con un intento desesperado del grupo opositor por lograr la intervención judicial de la entidad tras haber perdido la representación en las últimas elecciones de septiembre de 2025. En tal sentido, adelantaron que la comisión directiva en pleno se encuentra trabajando en una ampliación de la denuncia penal contra los exdirectivos por administración fraudulenta, faltantes documentales y la venta irregular de terrenos de la institución.
