Uno de los objetos que concentra mayor interés es un retrato de Juan Carlos I dedicado a Franco en 1970, cuya puja ya superaba los 1.000 euros antes de la fecha oficial de la subasta.
También figuran elementos con simbología de la dictadura, como un tapiz con el escudo de la España franquista, que parte de los 850 euros, y un armario de castaño decorado con el yugo y las flechas, con un precio inicial de 700 euros.
Entre las piezas de mayor valor artístico aparecen muebles de los siglos XVII, XVIII y XIX, porcelanas chinas, relojes, esculturas y pinturas religiosas.
El catálogo incluye bargueños antiguos con precios iniciales de hasta 4.500 euros, además de una pintura de San Francisco del siglo XVII tasada inicialmente en 5.000 euros.
También se ofrecen cuatro grandes figuras de madera que sostenían lámparas, distribuidas en dos parejas con precios de salida de 2.500 euros cada una.
Los recuerdos del dictador que multiplicaron sus precios
Una de las particularidades de esta subasta es que los objetos más demandados no necesariamente son los de mayor valor artístico o antigüedad.
El interés se concentra, en algunos casos, en artículos cotidianos asociados con la vida privada de Franco y su familia.
Entre ellos aparecen una antigua raqueta de tenis Wilson, un juego de palos de golf con su bolsa original y un maletín de cuero que fue obsequiado al dictador.
También se ofrecen un documento con su árbol genealógico, un joyero de plata con el nombre de su hija Carmen y distintos artículos domésticos.
La colección incluye juegos de sábanas bordadas con símbolos familiares, cuyos precios de salida comenzaban en 180 euros, y una serie de ocho espingardas procedentes de Marruecos, ofrecidas conjuntamente por 2.500 euros.
Según la información difundida sobre la subasta, algunas de estas piezas registraron aumentos de seis a diez veces sobre sus valores iniciales.
La diferencia responde al componente histórico y simbólico que determinados compradores atribuyen a los objetos.
Sin embargo, las ofertas anticipadas no equivalen todavía a precios de venta definitivos, que se conocerán cuando concluya la subasta.
Por qué los herederos de Franco pueden vender los objetos del Pazo de Meirás
El origen de la controversia se encuentra en la disputa judicial por el patrimonio del Pazo de Meirás, una residencia ubicada en el municipio gallego de Sada.
El inmueble había pertenecido originalmente a la escritora Emilia Pardo Bazán y posteriormente pasó a estar vinculado con Francisco Franco, quien lo utilizó como residencia durante la dictadura.
Después de distintos procesos judiciales, se reconocieron derechos del Estado español sobre el inmueble y numerosos bienes que formaban parte de su patrimonio.
Entre 2022 y 2024, distintas resoluciones judiciales reconocieron la titularidad estatal de cerca de 700 elementos muebles y documentales, sobre la base de estudios que acreditaron su valor histórico o su carácter de patrimonio público.
Sin embargo, otros objetos no fueron reclamados por la Abogacía del Estado y la familia Franco obtuvo autorización para retirarlos.
En julio de este año, los herederos trasladaron esos bienes desde el Pazo de Meirás hacia Madrid, mediante una operación realizada bajo vigilancia.
Parte de ese patrimonio es el que ahora aparece en el catálogo de Magna Art Auctions.
Denuncian que algunos bienes subastados podrían pertenecer al Estado
Las asociaciones memorialistas cuestionan que todos los artículos incluidos en la venta pertenezcan legítimamente a los descendientes del dictador.
La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña asegura haber identificado muebles y otros elementos que ya se encontraban en el Pazo de Meirás antes de que la residencia quedara bajo control de Franco.
La organización sostiene que ciertos objetos podrían haber pertenecido a Emilia Pardo Bazán y deberían permanecer vinculados al patrimonio histórico del inmueble.
Entre los artículos cuestionados aparecen dos antiguas armaduras, ofrecidas inicialmente por 500 euros, que según la asociación ya se encontraban en la residencia durante las primeras décadas del siglo XX.
El colectivo también señaló una cuna antigua tapizada, cuyo precio de salida es de 250 euros, y un aparador del siglo XIX ofrecido por la misma cantidad.
Las organizaciones fundamentan sus cuestionamientos en fotografías históricas y otros registros que, según afirman, permiten rastrear la presencia de esas piezas en la residencia.
De todos modos, estas denuncias no implican que exista una resolución judicial específica que haya declarado ilegal la venta de esos objetos.
Piden suspender la subasta prevista para el 27 de octubre
La controversia llegó a una nueva instancia cuando la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) solicitó formalmente al Gobierno español que intervenga para frenar la operación.
La organización pidió que se promueva, a través de la Fiscalía General del Estado, la suspensión cautelar de la subasta, prevista para el martes 27 de octubre.
El planteo se basa en la necesidad de verificar la titularidad de determinados objetos y establecer si fueron adquiridos de manera privada o si, por el contrario, corresponden al patrimonio estatal.
La asociación sostiene que los herederos deberían acreditar que los bienes ofrecidos no fueron regalos realizados a Franco en su condición de jefe del Estado, supuesto en el que podrían surgir derechos de propiedad pública.
También cuestionó la presentación comercial del catálogo por describir el Pazo de Meirás como una propiedad que habría pertenecido durante décadas a la familia Franco, sin incorporar el contexto de su adquisición y las posteriores decisiones judiciales.
Con la subasta a pocos días de celebrarse, la controversia enfrenta dos dimensiones: el valor comercial que los compradores están dispuestos a pagar por los objetos y la discusión sobre quién tiene derecho a disponer de ellos.
La operación podría generar ingresos para los descendientes del dictador, pero el monto final dependerá de las adjudicaciones. Mientras tanto, las organizaciones memorialistas buscan impedir que se vendan piezas cuya propiedad consideran pendiente de esclarecimiento.