La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, arremetió contra la vicepresidenta Victoria Villarruel por el manejo de la agenda en la Cámara Alta. Aseguró que el Senado es funcional a la oposición y que "está militando el kirchnerismo". sdn.digital

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El Centro de Asistencia al Trabajo (Seatra) brindó detalles sobre la intervención realizada en torno a la denuncia por presuntos congelamientos de cuentas bancarias que afectaban a trabajadores del sector público y beneficiarios de planes sociales en la provincia de San Luis. El presidente de la entidad, Luis Armesto, explicó que el método de abordaje consistió en realizar una radiografía del conflicto para luego intervenir de manera directa, manteniendo una postura neutral frente a la entidad bancaria involucrada. La jornada del cobro de salarios junto con la liquidación de los aguinaldos fue considerada un momento clave para evaluar la situación en el terreno. Desde Seatra se realizó un monitoreo constante para verificar si se ejecutaban bloqueos al momento en que los usuarios intentaban percibir sus haberes. Tras no recibir quejas ni consultas directas durante ese día, la propia organización tomó la iniciativa de contactar al universo de personas que habían manifestado dudas previamente. De acuerdo con los datos obtenidos a través de este relevamiento —que contó con una respuesta del 70% de los consultados—, los usuarios confirmaron que no sufrieron congelamientos en sus cuentas corrientes o de ahorros. Armesto aclaró que, si bien se identificaron casos puntuales de retenciones automáticas, estas correspondían al pago de productos financieros como préstamos que ya habían sido preacordados entre los clientes y el banco. Por tal motivo, desde el sector consideran que el conflicto inicial por el cual fueron convocados se encuentra formalmente resuelto. Sin embargo, el titular de Seatra matizó los resultados al señalar que la resolución de este diferendo técnico no implica una solución definitiva a la problemática de fondo. Armesto enfatizó que el endeudamiento financiero que golpea a las familias puntanas continúa siendo un escenario de alta vulnerabilidad que no está resuelto y que demanda la implementación de herramientas legislativas y de políticas públicas de asistencia a largo plazo.