Las abogadas Fernanda Pereyra Hamenson y Estrella Marín expusieron la compleja situación institucional y los hechos de hostigamiento que damnifican el ejercicio de su labor profesional en la provincia de San Luis. De acuerdo con las declaraciones de las letradas, existe un bloque de contención y complicidad integrado por familiares y allegados a los presuntos abusadores y violentos de género que opera para amedrentar a las defensas y forzar el apartamiento de las abogadas de las causas judiciales en trámite. Las profesionales indicaron que estas maniobras de presión buscan paralizar los expedientes para facilitar el posterior archivo de las actuaciones administrativas bajo el argumento de una supuesta falta de pruebas. Durante el informe, las abogadas detallaron situaciones de violencia explícita y escraches públicos perpetrados por familiares de los imputados, citando las agresiones verbales proferidas por una mujer identificada como Ana María López. "Nos dijeron literalmente 'ustedes me arruinaron la vida, son unas hijas de puta, me cagaron la vida y son las que hacen los escraches o lo promueven'", relataron las letradas, aclarando que su intervención técnica se limita a canalizar el pedido de justicia de familias que llevan más de seis años litigando. Específicamente, señalaron que uno de los imputados en los expedientes que tramitan acumula un total de cuatro denuncias formales por el delito de abuso sexual. Frente a este escenario, Pereyra y Marín ratificaron su compromiso de continuar interviniendo en los procesos penales bajo los lineamientos que fijan las leyes nacionales y los tratados internacionales en materia de perspectiva de género. Explicaron que su modalidad de trabajo trasciende la asistencia jurídica en audiencias y tribunales, abarcando el acompañamiento corporal a las víctimas en movilizaciones y marchas, así como la traducción del léxico judicial formal a un lenguaje accesible para la ciudadanía. Finalmente, las letradas advirtieron que las agresiones sufridas responden a una personalización del conflicto por parte de los victimarios, ante una estructura judicial penal que suele revictimizar a las denunciantes.
