En el marco de una sesión maratónica que superó las doce horas de debate en la Cámara de Diputados de la Nación, el cuerpo legislativo dejó dos señales políticas contundentes: una contundente mayoría para aprobar la ley de financiamiento y protección del sistema de discapacidad, frente a una ajustada votación que devolvió a comisión el proyecto de alivio al endeudamiento de los hogares. Por una holgada mayoría de 237 votos a favor, apenas 9 negativos y 4 abstenciones, la Cámara baja aprobó el proyecto que introduce modificaciones estructurales a la propuesta original del Poder Ejecutivo, dejando de lado los recortes presupuestarios que se proyectaban en el área. La iniciativa garantiza la continuidad de las pensiones no contributivas fijadas en un 70%, mantiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía de acceso y asegura la compatibilidad con el empleo formal para aquellos ingresos que no superen dos salarios mínimos vitales y móviles. Asimismo, la normativa resguarda las prestaciones médicas contempladas en la Ley 24.901, fija partidas específicas desde el Ministerio de Salud con compensaciones del Tesoro, impone un cronograma perentorio de entre 30 y 90 días para saldar deudas pendientes con prestadores y establece mecanismos de defensa para evitar bajas o suspensiones arbitrarias. Sin embargo, el contraste de la jornada se vivió durante la madrugada con el freno al tratamiento de la ley de endeudamiento familiar. A través de una moción impulsada por la bancada de La Libertad Avanza e impulsada por la diputada Silvana Giudici, el cuerpo resolvió por 121 votos afirmativos frente a 117 negativos y 5 abstenciones regresar el expediente a comisión. La postergación dilata una respuesta formal a la crisis que atraviesan millones de familias que recurrieron al crédito y a las tarjetas para financiar gastos cotidianos de subsistencia, en un escenario de creciente mora bancaria y retracción del consumo.
