Una propuesta de reforma tributaria que contempla la eliminación del Monotributo se estaría analizando en el Gobierno Nacional. La medida impactaría a cerca de tres millones de contribuyentes, quienes deberían migrar de forma obligatoria al régimen de autónomos, con posibles cambios en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Ganancias. En este informe, desde Crónica te explicamos a detalle todo lo que se sabe.
La información trascendió desde el diario Clarín, indicando que la iniciativa forma parte de un documento interno y confidencial del Ministerio de Economía, presentado por el ministro Luis Caputo a cámaras empresarias. El plan, titulado «Una reforma para formalizar la economía, impulsar el mercado de capitales y resolver la sustentabilidad previsional», generó «fuerte preocupación» y «alarma» en el ámbito tributario y profesional por el temor a un salto burocrático y económico. A la fecha de escrito este informe, no existe confirmación oficial por parte del Ministerio de Economía ni de la ex-AFIP (ahora ARCA), manteniéndose el debate en el terreno de las «versiones».
La propuesta que se menciona en los medios buscaría reconfigurar tres pilares del sistema tributario: el régimen de autónomos, el Impuesto a las Ganancias y el IVA, con el fin de unificar a todos los contribuyentes en un único sistema general. Los ex-monotributistas se verían forzados a operar como cualquier profesional o empresa inscripta en el régimen general, liquidando IVA y Ganancias.
La propuesta clave: migración forzosa al régimen de autónomos
El mecanismo central de la reforma es la eliminación del Monotributo y la migración obligatoria de sus actuales contribuyentes al régimen de autónomos. Este último sería modificado, estableciendo una nueva escala de aportes previsionales que, según la propuesta filtrada, iría de $100.000 a $500.000. Para «compensar» el aumento de la carga, el plan habilitaría la deducción de gastos personales de la base imponible de Ganancias, lo que incentivaría la exigencia de facturas oficiales y actuaría como herramienta de fiscalización.
En cuanto al Impuesto a las Ganancias, se establecería un Mínimo No Imponible (MNI) único, proyectado para 2025 en un valor equivalente a un salario promedio de $1.7 millones mensuales. Para un trabajador soltero y sin hijos, esto significaría que el Impuesto a las Ganancias comenzaría a pagarse a partir de un salario bruto aproximado de $2.84 millones. Las alícuotas mantendrían la escala progresiva del 5% al 35%, y se fijaría un límite máximo de deducciones generales de $5 millones, con excepción de los aportes obligatorios.
Respecto al IVA, se fijaría un umbral mínimo para comenzar a tributarlo, equivalente a la facturación de la Categoría F del Monotributo actual, que ronda los $3 millones mensuales, buscando evitar que los contribuyentes más pequeños se vean afectados por la burocracia. No obstante, expertos advierten que limitar las deducciones en Ganancias a $5 millones contradice el principio de tributar sobre la ganancia neta, lo que podría generar que profesionales con altos costos operativos terminen pagando sobre una ganancia ficticia.
El impacto en el bolsillo: el costo del salto previsional
Para los contribuyentes, el cambio representaría un «salto» administrativo considerable. Del pago de una cuota fija mensual unificada y sin necesidad de contabilidad formal, se pasaría a presentar declaraciones juradas mensuales de IVA y anuales de Ganancias, emitir facturas tipo «A» o «B» y a la obligatoriedad de llevar contabilidad formal. Esto implicaría la necesidad ineludible de contratar servicios profesionales permanentes.
En el aspecto impositivo, los análisis preliminares presentan puntos de vista diferentes. Mientras análisis técnicos, como el del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, sugieren que para contribuyentes de categorías altas el impuesto a las Ganancias podría ser menor, un análisis de caso realizado por Clarín para un contribuyente en la Categoría H indica que el costo total del Régimen General podría triplicar al del Monotributo.
La clave de la diferencia radica en el aporte previsional. Un monotributista de Categoría A, que en noviembre de 2025 aportaría $13.663,17 para su jubilación, pasaría a pagar un mínimo de $100.000 bajo la propuesta de autónomos. Esto significa un aumento superior al 630% solo en ese componente, sin sumar el IVA ni el Impuesto a las Ganancias. Esta suba es calificada por el sitio especializado Blog del Contador como «inaccesible» para la gran mayoría de los pequeños contribuyentes.
La doble justificación oficial y la reforma laboral
Siguiendo lo difundido por Clarín, el Gobierno justificaría la medida con el objetivo de «formalizar la economía, impulsar el mercado de capitales y resolver la sustentabilidad previsional», buscando «blanquear» la actividad de los monotributistas y ampliar la base de aportantes. Además, esta iniciativa responde a una «larga sugerencia» y un supuesto «pedido explícito» del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha solicitado «armonizar la tasa de monotributo y mejorar la transición de los pequeños contribuyentes al sistema fiscal general». Sin embargo, la propuesta oficial de «eliminación» es más radical que la «gradualidad» sugerida por el FMI.
Internamente, se busca combatir el «enanismo fiscal», una práctica de subdeclaración de ingresos para permanecer en categorías bajas del Monotributo, impulsada por el «precipicio» de costos y burocracia al pasar al régimen general. La lógica del Gobierno es que, si el «refugio» incentiva el «enanismo fiscal», la solución es eliminarlo.
La eliminación del Monotributo se complementa con una propuesta de reforma laboral que funcionaría como «pista de aterrizaje» para los ex-monotributistas. El plan incluiría un «nuevo régimen de empleo» con incentivos para la contratación de nuevos empleados, reduciendo las contribuciones patronales (del 25.5% al 17%) y los aportes personales del empleado (del 17% al 13%). Esta estrategia buscaría encarecer el trabajo independiente y abaratar el empleo dependiente, fomentando la conversión de cuentapropistas en empleados formales.
Analizando esta «propuesta» que emerge desde el plano mediatico, se revela a simple vista una lógica interna que choca con la realidad económica de millones de contribuyentes. La advertencia de expertos es que el «salto previsional» es una barrera «inaccesible» y que, sin un régimen intermedio viable —como un «Régimen Simplificado de Ganancias»— el resultado más probable no es la formalización, sino un «efecto bumerán» que podría impulsar una migración masiva hacia la informalidad total.
Actualmente, la Ley 27.628 ya contempla el «Puente al Régimen General», pero el Gobierno optaría por una eliminación total. Con la Reforma Laboral sobre la mesa, se sigue esperando una confirmación oficial respecto al tema del monotributo y sus trascendidos. Por el momento, el gobierno mide las reacciones con atención.
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