El diputado nacional e integrante de la Comisión de Recursos Naturales y conservación del ambiente valoró el compromiso de la oposición en concretar la realización de audiencias públicas y evitar el tratamiento exprés.
El diputado nacional Juan Pablo Luque destacó el rol de los diputados de Unión por la Patria en la comisión para “frenar el tratamiento exprés con el que venía empujando el gobierno estas leyes durante el período de sesiones extraordinarias”.
Recordó que “la modificación a la ley de Glaciares llega con media sanción del senado con un debate casi nulo” pero que “ahora que nos encontramos en período de sesiones ordinarias se consiguió garantizar la realización de las audiencias públicas tal como prevé el acuerdo de Escazú, algo que el gobierno incumplió en el tratamiento en la Cámara Alta”.
Para Luque “la ley vigente pone límites a la megaminería y protege nuestras reservas de agua, algo que escasea en nuestra región y en la que ya vemos los efectos del cambio climático en nuestra cuenca”.
El plenario de comisiones planteó la realización de audiencias públicas durante las jornadas del 25 y 26 de marzo de carácter pública, abierta, inclusiva y federal, tanto presencial como remota, consecutivamente y la posibilidad de inscribirse será hasta 24hs antes de la realización de la audiencia.
“Esta modificación de la Ley de Glaciares disfrazada de falso federalismo cambia el eje científico del análisis de los recursos hídricos” explicó Luque, lo que consideró “un peligro para la cuenca de distintos ríos en Chubut que tiene su naciente otras provincias».
«La ley actual pondera la evaluación científica para proteger el recurso por sobre los intereses que pueden interponer incluso el mismo gobernador. Hoy si quisieran habilitar la megaminería en la cordillera en la zona peri glacial que abastece la cuenca del Senguer, que provee el agua a Comodoro Rivadavia, no lo podrían hacer. Si avanza esta modificación la desprotección es total«.
Enfatizó en que “Chubut es una provincia mayormente árida que depende de una administración minuciosa del recurso hídrico” y que este proyecto afecta directamente el Principio de No Regresión planteado en Escazú, que prohíbe a los estados debilitar los niveles de protección ambiental alcanzados.
“Tenemos una posición clara, y necesitamos que la ciudadanía esté al tanto de las intenciones del gobierno acerca de esto que es clave para la vida humana. Sin agua no hay desarrollo ni futuro posible y no vamos a poner en riesgo este recurso para quienes habitamos, no solo la provincia, sino la región y el país” finalizó.
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