Un reciente allanamiento en la Alcaidía de Comodoro Rivadavia expuso una serie de irregularidades significativas, incluyendo el hallazgo de dispositivos electrónicos de alta gama y electrodomésticos en poder de internos. Los procedimientos, llevados a cabo el pasado miércoles, han desencadenado una profunda investigación judicial y administrativa por presunto cohecho y otros delitos.
La operación, coordinada por el Ministerio Público Fiscal y autorizada por la jueza penal Lilian Borquez, se centró en los pabellones 3 y 4 de la Alcaidía. Durante las diligencias, las autoridades incautaron una variedad de objetos prohibidos, que incluían:
- Una consola PlayStation 5
- Múltiples teléfonos celulares
- Un horno eléctrico con microondas
- Una heladera
- Una bolsa de boxeo
Adicionalmente, se constató que una de las celdas había sido modificada para funcionar como un depósito de alimentos exclusivo para los detenidos. Todos los elementos fueron secuestrados y quedaron a disposición de la Fiscalía, que investiga la supuesta comisión del delito de cohecho, es decir, el ofrecimiento o aceptación de sobornos a cambio de beneficios.
En el marco de esta investigación, se confirmó el desplazamiento preventivo del jefe de la Alcaidía Policial, comisario José Fernández. De manera simultánea a los procedimientos en la cárcel, se allanó la vivienda del comisario Fernández, donde se incautaron teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa, incluyendo una camioneta que había sido requerida por la autoridad judicial.
El comisario mayor Omar Delgado, director de Seguridad, señaló que los dispositivos electrónicos serán sometidos a pericias para extraer información relevante. Paralelamente a la causa penal, el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía iniciaron una investigación administrativa interna, asegurando la transparencia del proceso a cargo de Asuntos Internos. En reemplazo de Fernández, fue designado el comisario Diego Ruhmling.
Las autoridades han destacado la gravedad de la situación, confirmando que algunos de los internos beneficiados con estos privilegios se encuentran procesados por delitos graves contra la vida, homicidios, y están vinculados a grupos violentos con enfrentamientos activos en Comodoro Rivadavia. La investigación continúa abierta para determinar todas las responsabilidades implicadas en este escándalo.
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