«LOS EMPLEADOS NO TENEMOS LA CULPA» | FERNANDO GATICA, SECRETARIO GENERAL DE ATE SAN LUIS en #ESDP

La Selección Argentina se enfrenta este sábado ante su par de Jordania a las 23:00 (hora argentina) en el Dallas Stadium, en un encuentro que ya genera diversas especulaciones en el ámbito del análisis deportivo. En la antesala del compromiso, los periodistas Nacho Fernández y "El Chueco" Paz compartieron sus miradas y dejaron marcadas diferencias respecto al rendimiento que se espera del conjunto nacional. Por un lado, Fernández ratificó su confianza en el esquema del equipo y vaticinó una victoria por 3 a 0. "Para mí la Argentina va a ganar 3 a 0. Le tengo fe a Otamendi, algún gol de cabeza seguramente va a hacer", detalló, ampliando la lista de goleadores a la joven promesa Nico Paz y al capitán Lionel Messi. En su análisis de la alineación, Fernández dio por descontada la presencia en el arco de Emiliano "Dibu" Martínez, considerándolo una pieza inamovible para asegurar el arco en cero frente al combinado jordano. En la vereda opuesta, "El Chueco" Paz irrumpió con un pronóstico adverso que rompió el molde de las expectativas locales al inclinar la balanza hacia el rival. "El mío es 2 a 1 gana Jordania", sentenció Paz, generando la réplica de su compañero, quien cuestionó la lectura del partido atendiendo a los posibles cruces de la siguiente fase del torneo. Con un tono irónico, Paz concluyó su intervención advirtiendo sobre las complejidades del cuadro y bromeó con que la Selección podría sellar su eliminación definitiva ante Cabo Verde en las instancias de eliminación directa.

Las abogadas Fernanda Pereyra Hamenson y Estrella Marín ampliaron la denuncia pública respecto a las irregularidades operativas y la falta de garantías de seguridad que condicionan el ejercicio de su labor profesional en la capital de San Luis. Las letradas manifestaron que el temor ante las maniobras de amedrentamiento se acrecienta debido a las características demográficas de la localidad, donde la cercanía entre los actores institucionales facilita el hostigamiento sistemático a través de comentarios y agresiones verbales recurrentes en la vía pública. En este contexto, criticaron la falta de respuestas efectivas por parte de los organismos jurisdiccionales tras haber solicitado formalmente una orden de restricción de acercamiento para resguardar su integridad física. De acuerdo con el desglose cronológico de las actuaciones, las profesionales formalizaron la petición de una medida cautelar de protección el pasado 23 de junio. Transcurrido el plazo correspondiente al 6 de julio, el Poder Judicial de San Luis no ha emitido ninguna orden de restricción, manteniendo a las abogadas y a las víctimas de los delitos contra la integridad sexual en una situación de vulnerabilidad extrema. Pereyra explicó que esta parálisis se debe a que la causa recayó originalmente en el Juzgado de Garantías N° 2, cuya titular es la jueza Antonella Dopazo Samper. La magistrada registra un conflicto de intereses directo debido a que su padre se desempeñó previamente como el abogado defensor de uno de los imputados en la causa, vinculado familiarmente a la denunciante Ana María López. A pesar de que la jueza Dopazo Samper se había excusado de intervenir en el expediente por motivos de parentesco en instancias previas, las nuevas denuncias por falsas declaraciones y hostigamiento volvieron a ser derivadas a su misma dependencia judicial. Las letradas denunciantes cuestionaron la disparidad de criterios del juzgado, el cual desestimó la gravedad de las amenazas al considerar que las conductas denunciadas no configuran un delito de carácter penal. Con este argumento, el Juzgado de Garantías remitió las actuaciones a un Juzgado Contravencional, organismo que procedió a rechazar la competencia al tipificar los hechos como presuntos delitos bajo la órbita del derecho penal, generando una parálisis burocrática. Finalmente, las abogadas reafirmaron que la dilación deliberada en el dictado de las restricciones de acercamiento consolida un escenario de indefensión institucionalizado de cara a las próximas etapas de litigio. Pereyra y Marín instaron a la revisión de los procedimientos aplicados en los juzgados de garantías puntanos, advirtiendo que la falta de perspectiva de género y la protección indirecta a figuras del ámbito tribunalicio y de los medios de comunicación no solo revictimizan a las denunciantes, sino que paralizan las investigaciones de delitos contra la integridad sexual que llevan años de retraso en la provincia.

Las autoridades del Club GEPU brindaron una conferencia de prensa para fijar su postura en torno a la causa judicial por el presunto desvío de fondos a través de la plataforma Mercado Pago. La defensa técnica de la actual comisión directiva rechazó de manera tajante los cargos, calificándolos como "mentiras fabricadas" y asegurando que las pericias contables demostrarán la inexistencia de los delitos denunciados por la gestión saliente. El abogado defensor explicó el origen de la cuenta objeto de la polémica, detallando que fue creada en el año 2018 bajo el CUIT del club, pero utilizando el número de línea telefónica de una joven que en ese momento se desempeñaba como becaria de la institución. Al respecto, precisó que se trataba de un número de contacto que quedó para uso exclusivo del club y que los denunciantes intentan utilizar este elemento de forma maliciosa para responsabilizar a personas ajenas a las decisiones administrativas. "La cuenta está a nombre del club, bajo el CUIT del club. Las cuentas las usa y las administra el tesorero, ahora y siempre", remarcaron las autoridades, desestimando los montos denunciados por carecer de sustento probatorio en el expediente. Finalmente, la defensa fue categórica al señalar el móvil detrás de la presentación judicial de la querella. "Ese es el trasfondo… es económico el trasfondo, ninguna duda que es económico", sentenció el letrado, vinculando la denuncia con un intento desesperado del grupo opositor por lograr la intervención judicial de la entidad tras haber perdido la representación en las últimas elecciones de septiembre de 2025. En tal sentido, adelantaron que la comisión directiva en pleno se encuentra trabajando en una ampliación de la denuncia penal contra los exdirectivos por administración fraudulenta, faltantes documentales y la venta irregular de terrenos de la institución.