Las consultoras advierten que la inflación de febrero superaría el 3% si se midieran bien los servicios
Las proyecciones de las consultoras privadas ubican la inflación de febrero cerca del 3 por ciento y ponen en riesgo el cumplimiento de la meta anual del 10,1 por ciento establecida en el Presupuesto 2026.
Las mediciones de firmas como Eco Go, Analytica y Equilibra anticipan que el índice de precios de febrero se mantendrá en niveles similares a los de enero, alejándose de la desaceleración pretendida. Este escenario implica que la proyección oficial de inflación para todo el próximo año se consumiría íntegramente durante el primer trimestre. El consenso entre los analistas económicos confirma que la presión sobre los precios internos persiste con fuerza.
La suspensión del nuevo Índice de Precios al Consumidor fue una maniobra del Gobierno para evitar que el indicador oficial registre con mayor nitidez el peso de los servicios públicos. El nuevo esquema metodológico otorgaba una mayor ponderación a las tarifas, que actualmente lideran las subas. Al mantener la medición antigua, el Poder Ejecutivo logra que el impacto de los ajustes en luz y gas no se traslade de forma directa al número final.
Los ajustes en los servicios básicos representan una carga fija ineludible para el presupuesto de los hogares y explican gran parte del arrastre inflacionario. La electricidad y el agua presentan subas de hasta el 5 por ciento, mientras que el transporte en el AMBA registrará incrementos superiores al 7 por ciento. Con un boleto de subte que llega a los 1.363 pesos, el costo de movilidad se transforma en un factor determinante de la canasta mensual.
El panorama se completa con aumentos en peajes nacionales y el precio de los combustibles, influenciados por la volatilidad del valor internacional del petróleo. Estos incrementos tienen un efecto multiplicador en la estructura de costos de transporte y logística de todas las mercancías. La suba en los surtidores termina impactando en el precio de los alimentos y otros productos esenciales que llegan al consumidor final.
El costo político de estas medidas se reflejó en el desplazamiento de Marco Lavagna y la postergación de los cambios técnicos en el Indec. El Gobierno priorizó la contención del índice estadístico frente a la necesidad de actualizar la forma en que se mide el costo de vida real. Pese a estas decisiones administrativas, la realidad del mercado indica que la inflación se resiste a perforar el piso del 3 por ciento mensual.
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