Un decreto nacional entregó el control de la minera YMAD a Catamarca, concretando un acuerdo político que reabre la controversia por el millonario desvío de regalías de la Universidad Nacional de Tucumán.
El gobierno nacional publicó el decreto que establece el fin de la participación de la Nación en el directorio de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), un movimiento que otorga el control operativo y político de la minera interestadual al gobierno de Catamarca, liderado por Raúl Jalil. La decisión se interpreta como una retribución directa a la colaboración del senador catamarqueño Guillermo Andrada en la sanción del presupuesto y la aprobación de artículos clave de ajuste promovidos por la Casa Rosada.
Esta transferencia administrativa reaviva el histórico conflicto en torno a las regalías mineras que involucra a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Desde la ley fundacional de 1959, la UNT debe percibir el 40 por ciento de las utilidades de YMAD, con el objetivo de financiar la construcción de la inconclusa Ciudad Universitaria en el cerro San Javier, mientras que el 60 por ciento restante se destina a Catamarca.
Paritarias 2026: La brecha entre la proyección inflacionaria del Gobierno y la demanda sindical de recuperación salarial augura un año conflictivoEl incumplimiento de dicho mandato fue el eje de una causa por desvío de fondos que concluyó con la condena a tres años y medio de prisión para el exrector de la UNT, Juan Cerisola, y otros funcionarios. La Justicia Federal determinó la malversación de 243 millones de pesos provenientes de las utilidades de la minera entre 2006 y 2009, periodo en el que autoridades académicas renunciaron a seguir recibiendo el total de las regalías bajo el argumento de que la obra estaba terminada.
El anuncio del decreto generó críticas en el ámbito académico y político tucumano, que cuestiona que la estructura de manejo discrecional de fondos se mantenga intacta. Pese a la controversia, la UNT confirmó que se llegó a un acuerdo con Catamarca y Nación para establecer un proyecto de nueva ciudad universitaria, aceptando que la magnitud prevista en la ley original de 1959 es imposible de cumplir.
La controversia de fondo persiste, dado que la normativa establece que, una vez finalizada la obra, la universidad tucumana debería reducir su percepción de regalías del 40 al 20 por ciento, distribuyéndose el excedente entre otras casas de estudio del país. El mantenimiento del esquema de pagos integral, pese a la malversación probada, es señalado por opositores como una perpetuación del sistema de desvío.
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