La administración estadounidense presiona a sus principales corporaciones energéticas para que relancen la extracción de crudo en territorio venezolano.
La Casa Blanca ha iniciado gestiones directas con ejecutivos de las mayores empresas petroleras de Estados Unidos para urgir una reactivación significativa de la producción de hidrocarburos en Venezuela. Esta iniciativa forma parte de una estrategia geopolítica de Washington diseñada para asegurar nuevas fuentes de suministro global y mitigar la persistente volatilidad en el mercado internacional de energía.
El esquema de incentivos propuesto incluye una flexibilización puntual de ciertas restricciones operativas que limitaban la inversión directa y el despliegue de personal técnico estadounidense en la Faja Petrolífera del Orinoco. Dicha apertura regulatoria está supeditada a que las compañías garanticen reinversiones inmediatas destinadas a la recuperación de la infraestructura venezolana, deteriorada tras años de desinversión y sanciones.
El papa León XIV viajaría a la Argentina: las pistas que suman certezas a la visita del pontíficeAnalistas de la industria señalan que la producción de crudo venezolano se mantiene en mínimos históricos, muy por debajo de su potencial, debido a la falta de capitalización y tecnología de punta. La administración de Joe Biden considera que la entrada de grandes operadoras norteamericanas es la única vía rápida para estabilizar e incrementar los volúmenes de petróleo que Caracas necesita para sostener su economía.
La medida acarrea un alto costo político interno en Washington, al implicar un acercamiento pragmático al régimen de Nicolás Maduro, eludiendo las demandas de sectores del Congreso que exigen el mantenimiento del aislamiento total. A nivel global, el eventual aumento de la oferta venezolana podría generar reacomodamientos en la dinámica de precios que actualmente manejan la OPEP y sus socios.
Las negociaciones entre las petroleras y el gobierno bolivariano, impulsadas por la diplomacia estadounidense, se encuentran en una etapa inicial marcada por la complejidad legal y operativa. El éxito del proyecto dependerá enteramente de la capacidad de Caracas para ofrecer condiciones de seguridad jurídica a largo plazo.
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