Mientras el Ejecutivo sostiene que la inflación está «en extinción» y proyecta un 10,1% anual, las centrales obreras (CGT y CTA) desconfían de las cifras, señalan la caída del poder adquisitivo y anticipan negociaciones duras para recomponer ingresos.
El escenario laboral para 2026 comienza marcado por una profunda divergencia en las expectativas económicas entre el Gobierno nacional y los principales sindicatos del país. Según el análisis de la situación actual, las próximas negociaciones paritarias se perfilan complejas debido a la diferencia de diagnóstico sobre la inflación futura y la necesidad de recuperación de los ingresos reales.
Puntos clave del conflicto:
Alerta máxima: EEUU ordenó a sus ciudadanos abandonar Venezuela- Escepticismo ante la pauta oficial: El Presupuesto del Gobierno de Javier Milei proyecta una inflación anual del 10,1% para 2026, bajo la premisa de que el alza de precios está «en extinción» y la economía en crecimiento. Sin embargo, este pronóstico es rechazado unánimemente por las conducciones gremiales. Referentes como Andrés Rodríguez (UPCN/CGT) y Hugo Yasky (CTA) calificaron la cifra como «imposible» y «ficticia», respectivamente. Desde la UOCRA, señalan la incertidumbre reinante sobre las variables macroeconómicas.
- El deterioro del salario real como eje: Más allá de la inflación futura, el foco sindical está en la recuperación de lo perdido. Datos del INDEC indican que los trabajadores registrados sufrieron una pérdida del 5,77% en su poder adquisitivo durante la actual gestión (hasta octubre de 2025). Aunque en 2025 los salarios casi empataron al IPC, el acumulado sigue siendo negativo, lo que impulsa la demanda de recomposición.
- Anticipo de conflictividad: Tanto la CGT como la CTA prevén un aumento de la tensión social. Los dirigentes sindicales interpretan que el Gobierno utiliza el «achatamiento de los salarios» (en palabras de Yasky) como un ancla antiinflacionaria deliberada, citando como ejemplo los techos salariales impulsados en 2025. Advierten que la falta de capacidad de consumo terminará afectando al propio sistema económico.
- Disparidad económica sectorial: Si bien el Gobierno destaca el crecimiento en sectores como energía y agro, los gremios alertan sobre la contracción en industrias y comercios, lo que complejiza el mapa de negociación según la actividad.
- Lejano retorno a las paritarias anuales: La aspiración empresarial de volver a esquemas de negociación anual (vigentes hasta 2018) parece inviable en el corto plazo. La incertidumbre sobre el control real de las variables económicas por parte del Ejecutivo obliga a mantener esquemas de revisión más cortos.
En conclusión, el año 2026 no solo estará marcado por debates legislativos sobre reforma laboral, sino que las discusiones salariales serán un termómetro central de la tensión política y social, sin un pronóstico claro de resolución pacífica.
