El crimen organizado emerge como una amenaza cada vez mayor para salvar La Amazonía, de acuerdo a la conclusión del informe de una ONG. Allí, revelaron cómo la infiltración de grupos irregulares en áreas protegidas alimenta la violencia y obstaculiza la preservación ambiental de la mayor selva tropical del planeta.
Aseguraron que la Amazonía se encuentra bajo el ataque creciente del crimen organizado
«El crimen organizado se ha convertido en uno de los principales obstáculos para los esfuerzos por frenar la destrucción ambiental en la Amazonía», sostuvo el investigador Bram Ebus, experto del Crisis Group. Además, recalcó que «lo que antes era principalmente un desafío de conservación se ha convertido en una crisis de gobernanza y seguridad«.
Las bandas operan en al menos el 67% de los municipios amazónicos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, reportó el informe, que cita datos del colectivo periodístico Amazon Underworld. Las consecuencias no son solo por la criminalidad de la región: la producción de cocaína y la extracción de oro contaminan ríos y alimentan la deforestación.
La Amazonía se extiende por nueve países sudamericanos, aunque la mayoría está en territorio de Brasil (60%) y es central en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, los gobiernos tienen dificultades para cooperar «mientras que los grupos criminales operan de manera transnacional», señala el International Crisis Group. Allí, instaron a las autoridades a trabajar con las comunidades indígenas, frecuentemente en la primera línea de las agresiones.
También apeló a los compradores internacionales de materias primas a garantizar que sus cadenas de suministros no estén contaminadas con productos de origen criminal. Por otro lado, indicaron que las organizaciones criminales aprovechan las vulnerabilidades de los gobiernos para expandirse por la selva, en particular grupos brasileños como Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC).
A medida que traspasan fronteras compiten con grupos armados colombianos, venezolanos, ecuatorianos y otros, y en otras ocasiones colaboran con ellos. En las comunidades bajo su control, imponen sus propias normas y sistemas de justicia, «ejerciendo una violencia brutal», señaló el grupo.
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