Karina y los Menem ahora apuntan a Ibarzábal, la influyente funcionaria que escribe las leyes
El intento fallido de Santiago Caputo por traspasar la Procuración del Tesoro a la Secretaría Legal y Técnica expuso la disputa por el control de la estrategia jurídica entre el asesor presidencial y el sector que lidera Karina Milei.
El Poder Ejecutivo protagonizó un episodio de marchas y contramarchas que dejó al descubierto las crecientes fricciones en la cúpula oficialista. Mediante un comunicado oficial, el Gobierno anunció que la Procuración del Tesoro pasaría a depender de la Secretaría Legal y Técnica para luego rectificar la decisión minutos después por canales informales. El movimiento buscaba concentrar la defensa jurídica del Estado bajo el mando de María Ibarzabal, la funcionaria encargada de redactar los proyectos de ley del Ejecutivo.
La maniobra impulsada por Santiago Caputo pretendía blindar a Sebastián Amerio frente a la autoridad del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El titular de la cartera inició su gestión con el desplazamiento de cuadros técnicos en la Inspección General de Justicia y la Unidad de Información Financiera, organismos que lideraron la ofensiva oficial contra la conducción de la AFA. La protección de Amerio permitía al entorno del asesor presidencial mantener una cuota de influencia en expedientes sensibles.
Este repliegue administrativo ocurre mientras Karina Milei y los dirigentes Martín y Lule Menem avanzan en su plan de control total sobre la estructura del Gobierno. La hermana del presidente busca desplazar la influencia de las denominadas Fuerzas del Cielo y ahora apunta sus movimientos hacia dependencias estratégicas de la Casa Rosada. No obstante, el sector riojano enfrenta el desafío de la falta de personal propio para cubrir los cargos de alta responsabilidad técnica.
Ante la escasez de cuadros libertarios, los nuevos referentes de la gestión iniciaron gestiones con exfuncionarios de administraciones anteriores y magistrados del fuero federal. La designación de Mahiques representa un triunfo político de la Secretaría General de la Presidencia, que ahora negocia la designación de doscientos jueces. Esta situación margina a los asesores originales de la campaña y traslada el eje de poder hacia figuras vinculadas a estructuras tradicionales de la política y la justicia.
La interna judicial se tensa por los vínculos históricos del flamante ministro con operadores externos y sectores del fútbol profesional. En el entorno presidencial admiten que el ordenamiento de las causas en trámite es una prioridad que genera presiones cruzadas sobre la conducción política. Mientras los grupos internos se disputan el manejo de la firma oficial, la estrategia jurídica del Estado queda sujeta a la inestabilidad de una alianza de gobierno en constante transformación.
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