Al cumplirse cincuenta años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina emitió un comunicado oficial en el que convoca a una reflexión institucional profunda sobre el rol del Poder Judicial durante los períodos más oscuros de la historia nacional.
Desde la organización de magistrados señalaron que esta conmemoración impulsa un ejercicio de revisión crítica sobre las acciones y omisiones de la justicia ante un régimen que, bajo la simulación de un Estado de derecho, sustituyó el orden constitucional por un sistema de violencia estatal.
En este sentido, sostuvieron que reconocer dicha experiencia es una condición indispensable para reafirmar el compromiso judicial con la Constitución Nacional y consolidar una política de no repetición.
Asimismo, la entidad reafirmó los principios que deben orientar la actuación de la magistratura en democracia, destacando la importancia de la independencia judicial frente a presiones políticas o fácticas, el control de razonabilidad efectivo para evitar arbitrariedades y el control de convencionalidad para asegurar que toda práctica se adecue a los Tratados de Derechos Humanos.
En el documento, los jueces manifestaron su rechazo a cualquier concepción que pretenda subordinar los derechos fundamentales a razones de oportunidad política, seguridad o conveniencia estatal.
«Sostenemos que la justicia no puede ser indiferente frente a la ruptura del orden constitucional», afirmaron, remarcando que la memoria institucional es un compromiso hacia el futuro para garantizar las libertades públicas.
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