El mandatario chileno presentó un ambicioso conjunto de iniciativas legales destinadas a enfrentar la creciente violencia vinculada a organizaciones delictivas. La medida responde a una de las promesas centrales de su gestión, que comenzó en marzo con una marcada orientación hacia la seguridad ciudadana.
## Un panorama de deterioro
Durante el último año, el país trasandino registró aproximadamente cinco muertes violentas cada cien mil personas, cifra que duplica la registrada diez años atrás. Aunque Chile mantiene su posición como una de las naciones más tranquilas de la región, la irrupción de bandas foráneas —particularmente el mencionado Tren de Aragua— alteró significativamente el escenario delictivo. Los secuestros y homicidios experimentaron un repunte preocupante que motivó la respuesta ejecutiva.
## Los ejes de la propuesta
En comunicación oficial, el gobierno detalló que el paquete supera los treinta proyectos, algunos ya en trámite parlamentario y otros en preparación para su presentación inminente. La iniciativa contempla tipificar como ilícito autónomo la mera pertenencia a estructuras criminales, con sanciones incrementadas para quienes incurran en esta conducta.
Entre las modificaciones procesales, se destaca la ampliación del término de flagrancia de doce a veinticuatro horas, herramienta que busca otorgar mayor margen operativo a las fuerzas del orden. Asimismo, se prevén agravantes específicas para quienes recluten personas menores de edad dentro de estas organizaciones.
En materia migratoria, la administración confirmó su propuesta de extender la detención administrativa de extranjeros en situación irregular —actualmente limitada a cinco días— y potenciar los mecanismos de expulsión, aunque omitió precisiones sobre plazos o alcance.
## Reforma económica aprobada con trabas
En paralelo, el Legislativo sancionó la reforma económica emblemática de Kast, orientada a dinamizar la inversión y aliviar la presión tributaria. No obstante, su vigencia quedó condicionada: el Poder Ejecutivo anunció observaciones parciales y múltiples artículos deberán ser revisados por el máximo tribunal constitucional. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, calificó la norma como punto de inflexión para retomar el crecimiento tras años de estancamiento.
Redacción SDN
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