El descenso en la imagen positiva del Gobierno nacional ha revitalizado a la oposición dialoguista, una situación que pone en riesgo la estrategia electoral de la gestión actual.
La planificación del Gobierno nacional parece haberse complicado. Durante el inicio de las Sesiones Ordinarias en el Congreso, el propio Presidente de la Nación anticipó una reforma política que el oficialismo diseñaba con celeridad. Este proyecto contemplaba dos puntos vitales para sus aspiraciones de reelección: la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y una modificación en el esquema de financiamiento de los partidos políticos.
Falta de apoyo legislativo
Martín Menem, responsable de sondear los apoyos y buscar consensos en el ámbito parlamentario, transmitió una novedad desalentadora para la Casa Rosada: en la actualidad, no se cuenta con los votos necesarios para avanzar con la reforma ni para derogar las PASO. Este panorama difiere drásticamente de lo que se percibía durante el periodo de sesiones extraordinarias.
Este cambio de escenario se atribuye a una marcada caída en la valoración pública del Gobierno en los últimos sesenta días. El quiebre en la credibilidad, motivado por la situación económica y el denominado «Adornigate» —vinculado a presuntos hechos de corrupción y la decisión presidencial de sostener al funcionario investigado—, ha afectado directamente el relato de la administración central.
Postura de las fuerzas opositoras
Ante esta coyuntura, los bloques opositores, incluidos aquellos dispuestos al diálogo, han renovado sus expectativas de cara a las urnas. Se muestran inflexibles ante la posibilidad de perder un mecanismo que les permite dirimir sus conflictos internos antes de competir contra Javier Milei en los comicios generales.
El peronismo, como era de esperar, rechaza la modificación. Ante la falta de una conducción unificada, el justicialismo considera que las primarias son la herramienta para reorganizar el espacio bajo un liderazgo legitimado que luego permita acordar un esquema de «distribución de responsabilidades».
Por su parte, el radicalismo y el PRO mantienen una posición similar. Mientras los radicales buscan conformar una coalición de centro progresista que requeriría de las PASO para definir candidaturas, en el PRO solo se aceptaría la derogación si existiera la garantía de que Mauricio Macri fuera el candidato único. Sin esa certeza, o incluso con el exmandatario a la cabeza, prefieren la opción de una primaria que funcione como impulso electoral, emulando la experiencia de 2015.
Desafíos constitucionales y mayorías
Hace apenas dos meses, el argumento del Ejecutivo sobre el ahorro de gastos «superfluos» parecía suficiente para lograr el consenso. Sin embargo, el contexto ha cambiado. La complejidad aumenta debido a que cualquier reforma de carácter electoral exige, por normativa constitucional, mayorías calificadas.
Para obtener la aprobación, se requiere el voto de la mitad más uno de los integrantes de cada cámara. El oficialismo, que cuenta con 95 diputados, se encuentra a 34 votos de los 129 necesarios para sancionar la ley. Si bien la dinámica política argentina es cambiante y el Gobierno podría recuperar terreno con nuevas maniobras, por el momento se advierte que La Libertad Avanza se encamina a competir bajo las reglas actuales, manteniendo tanto las primarias como el financiamiento público a los partidos. El desgaste de la confianza ciudadana ha comenzado a alterar los planes políticos previstos.
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