El juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, rechazó el pedido de detención contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.
Junto a Tapia y Toviggino, en la causa figuran otros imputados vinculados al entramado societario y familiar bajo investigación.
La resolución fue adoptada antes de que la Cámara Federal de Tucumán se pronunciara sobre su recusación. El magistrado consideró que el planteo del fiscal Pedro Simón no cumplía con los requisitos mínimos para avanzar en esta etapa del proceso.
En su fallo, Argibay sostuvo que el requerimiento fiscal “no presenta un hecho penalmente delimitado”, sino una hipótesis construida a partir de indicios generales. Además, señaló que no se describen operaciones concretas ni maniobras específicas que permitan identificar con claridad el núcleo de la imputación.
El juez también cuestionó que no se individualicen conductas ni responsabilidades específicas de los acusados. Según indicó, la acusación los incorpora “en forma global” dentro de una supuesta estructura, sin detallar el rol que habría tenido cada uno.
Recusación y cambio de jurisdicción
Antes de apartarse del expediente, Argibay fue recusado por el fiscal Simón, quien planteó dudas sobre su imparcialidad debido a un vínculo indirecto: su hija habría realizado una operación inmobiliaria con Darío Toviggino, hermano del tesorero de la AFA.
En ese contexto, el magistrado se declaró incompetente por razones territoriales y remitió la causa al Juzgado Federal de Campana. Argumentó que los hechos investigados estarían principalmente vinculados a una entidad con domicilio en la provincia de Buenos Aires, además de existir investigaciones conexas en esa jurisdicción.
El pedido del fiscal
En su presentación, Simón había solicitado no solo las detenciones de Tapia y Toviggino, sino también allanamientos, peritajes e inhibiciones generales de bienes sobre los imputados, incluyendo empresas, propiedades y vehículos.
El fiscal sostuvo que ambos integrarían una “organización criminal nacional e internacional” con capacidad económica suficiente para entorpecer la investigación o evadir la acción de la justicia.
La acusación se apoya en informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, la Inspección General de Justicia y registros migratorios, que evidenciarían movimientos financieros y adquisiciones incompatibles con los ingresos declarados.
La investigación apunta a una red de sociedades y bienes vinculados a Toviggino y su entorno, entre ellos inmuebles, vehículos e inversiones financieras. La hipótesis es que estos activos habrían sido adquiridos con fondos provenientes de la AFA a través de maniobras de blanqueo.
Además de Tapia y Toviggino, en la causa figuran otros imputados vinculados al entramado societario y familiar bajo investigación.
Acerca del autor
