El Gobierno nacional oficializó la reforma de la Ley de Glaciares. A partir de ahora, las provincias tendrán la facultad de establecer sus propios criterios de protección sobre las reservas de agua dulce.
El Gobierno nacional formalizó este viernes la promulgación de la Ley N° 27.804 a través del Decreto 271/2026 publicado en el Boletín Oficial. La medida introduce cambios significativos en el régimen de preservación de glaciares y ambientes periglaciares en todo el territorio argentino.
La sanción definitiva de la norma ocurrió el pasado 8 de abril en el Congreso de la Nación. El proyecto obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones, estableciendo un nuevo marco legal para las reservas de agua dulce del país.
El núcleo de la reforma reside en la transferencia de facultades de control y supervisión hacia las jurisdicciones provinciales. Con esta modificación, cada provincia tendrá la potestad de definir los criterios técnicos para identificar qué cuerpos de hielo y zonas periglaciares integrarán el esquema de protección.
Esta determinación representa un giro respecto a la ley sancionada en 2010. Aquella normativa original establecía una protección rígida sobre estos sectores, catalogándolos como bienes públicos estratégicos de carácter nacional bajo lineamientos federales unificados.
Criterios de protección local
Bajo el nuevo esquema jurídico, las áreas que no sean categorizadas según los parámetros definidos por las autoridades locales podrían quedar excluidas de la protección específica de esta ley. La implementación técnica de estos criterios quedará bajo la órbita de las carteras ambientales provinciales.
La medida impacta directamente en las provincias de la región patagónica, donde se concentra la mayor superficie de masas glaciares del país. El nuevo escenario legal redefine la autonomía provincial en la gestión de sus recursos hídricos y zonas de alta montaña.
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