El Gobierno avanza con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina

El Estado venderá el 44 % de las acciones a privados, aunque conservará el control mayoritario. También habrá un programa de participación para trabajadores.

El Gobierno nacional oficializó este martes, mediante el Decreto 695/2025, el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa estatal encargada de la generación de energía nuclear.

La medida contempla la venta del 44 % de las acciones a inversores privados a través de una licitación pública nacional e internacional y la implementación de un Programa de Propiedad Participada del 5 %, destinado a trabajadores. De este modo, el Estado nacional y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) retendrán el 51 % del paquete accionario, asegurando el control mayoritario.

El decreto también ordena que ENARSA transfiera el 1 % de sus acciones en NASA al Estado, mientras que la propia compañía cederá 0,01 % de su participación en ENARSA.

Los motivos de la medida

Según el Ejecutivo, la intervención estatal no logró garantizar eficiencia económica y la apertura al capital privado permitirá financiar proyectos clave como la extensión de vida útil de Atucha I (prevista para 2027) y el almacenamiento en seco de combustibles de Atucha II. Además, se busca reducir el déficit fiscal y diversificar riesgos en la gestión de la empresa.

En 2023, NASA recibió transferencias estatales por 700 millones de pesos para sostener inversiones. Pese a ello, el Gobierno considera que sumar socios privados es necesario para fortalecer la competitividad.

Un sector en crecimiento

En 2024, Nucleoeléctrica alcanzó un récord de 10,4 millones de MWh generados, con un factor de carga del 73,3 %. El decreto reconoce la capacidad técnica de la empresa, pero insiste en que nuevas inversiones requieren participación privada.

El proceso estará a cargo del Ministerio de Economía y de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, bajo la Ley 23.696. Además, la Secretaría de Trabajo deberá evaluar el Programa de Propiedad Participada y elevar un informe a la Comisión Bicameral del Congreso.

Con información de NA

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