Denuncian que empresarios de Chubut ofrecieron coimas a un sindicalista para que no empiecen las clases
La justicia de Chubut investiga una denuncia por presunto soborno de un ex funcionario condenado y un empresario para forzar un conflicto gremial que impida el inicio de las clases.
La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública de Chubut inició una causa tras la denuncia de José Severiche, secretario general de ATE Trelew. La fiscal Julieta Gamarra ordenó allanamientos en domicilios y oficinas vinculadas a los sospechosos para secuestrar teléfonos móviles y registros de cámaras de seguridad. El objetivo es determinar la veracidad de un ofrecimiento económico destinado a desatar un conflicto sindical antes del próximo ciclo lectivo.
Los señalados en la presentación judicial son el empresario Ricardo Traversini y el ex funcionario provincial Gonzalo Carpintero. Según el relato del gremialista, Traversini actuó como nexo para concretar una reunión con Carpintero en una oficina privada compartida con un empresario del sector pesquero. Carpintero cuenta con antecedentes penales y una condena previa por enriquecimiento ilícito y cobro de retornos en causas de corrupción pública.
Durante el encuentro denunciado, los acusados habrían solicitado a Severiche que generara medidas de fuerza para bloquear el comienzo de las clases en las escuelas de la provincia. El dirigente sindical declaró que le ofrecieron una retribución económica y futuras compensaciones mediante paritarias a cambio de asegurar la parálisis educativa. Severiche sostuvo que el ofrecimiento se basó en el conocimiento que los implicados tenían sobre su situación financiera personal.
La investigación busca establecer si detrás de este presunto sabotaje existen intereses económicos ligados al sector pesquero y deudas fiscales. Fuentes oficiales señalaron que la maniobra pretendería presionar al Ejecutivo para evitar el cobro de deudas impositivas que rondarían los 1.200 millones de pesos. También se sospecha de un intento por frenar la actualización del canon de pesca y el avance de un proyecto de ley de transparencia para la actividad.
Los investigadores analizan ahora el material incautado en los operativos para confirmar los cruces de llamadas y los encuentros relatados por el denunciante. El caso genera repercusión institucional por la participación de figuras con condenas previas por delitos contra la administración pública en este nuevo episodio. La fiscalía avanzará con las pericias técnicas sobre los dispositivos electrónicos secuestrados para definir los próximos pasos procesales.
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