Denuncian que ARCA, Banco Nación, YPF,Aerolíneas y AYSA triangularon para contratar a la esposa de Adorni
La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni por un presunto esquema de triangulación de fondos públicos a través de la consultora privada de su esposa.
La legisladora nacional formalizó la acusación contra el funcionario por presunto conflicto de intereses y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. El escrito judicial describe un mecanismo donde la consultora privada de la cónyuge del ministro, Bettina Angeletti, percibía ingresos de diversas empresas contratistas del Estado nacional. La presentación alcanza a firmas con vínculos en organismos como YPF, AySA, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y la agencia recaudadora ARCA.
La acusación se centra en los nexos comerciales de la firma de coaching de Angeletti con los grupos empresarios Foggia y Dacto. Estas compañías mantienen contratos vigentes con múltiples áreas de la administración pública que se encuentran bajo la órbita jerárquica de Adorni. Pagano argumenta que la subcontratación de la consultora familiar por parte de proveedores estatales configura un cuadro de relaciones cruzadas que compromete la transparencia y la ética en la gestión de los recursos públicos.
En los fundamentos de la denuncia, la diputada establece una comparación técnica con las causas conocidas como Hotesur y Los Sauces. El texto sostiene que la utilización de una estructura empresarial privada vinculada al entorno familiar para canalizar pagos de contratistas estatales presenta similitudes con modelos de lavado de activos investigados previamente por la justicia federal. Para la denunciante, estas supuestas prestaciones comerciales podrían funcionar como una fachada para el ingreso de dinero proveniente de favores institucionales.
La presentación también resalta la relación de la consultora con la naviera National Shipping, una de las principales contratistas de transporte de hidrocarburos para YPF. Resulta un dato central de la causa que el propio Adorni se desempeña como director de la petrolera estatal en representación del Estado nacional. Esta conexión directa entre su cargo público y los clientes privados de su esposa refuerza la hipótesis de un beneficio económico obtenido mediante el uso de la influencia política.
El expediente judicial deberá ahora recolectar la documentación contable de las empresas involucradas y los contratos firmados con los organismos estatales mencionados. Este proceso administrativo determinará si existió una voluntad deliberada de desviar fondos hacia el patrimonio privado del funcionario mediante la simulación de servicios profesionales. La resolución de esta denuncia impacta directamente en la integridad de la estructura jerárquica del Poder Ejecutivo y el cumplimiento de la Ley de Ética Pública.
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