Denuncian que ARCA, Banco Nación, YPF, Aerolíneas y AYSA triangularon para contratar a la esposa de Adorni
La diputada nacional Marcela Pagano denunció penalmente al jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto conflicto de intereses y una supuesta red de triangulación comercial a través de la consultora privada de su esposa.
Marcela Pagano, legisladora de La Libertad Avanza, formalizó una presentación ante la justicia federal contra el jefe de Gabinete por sospechas de negociaciones incompatibles con la función pública. El eje de la acusación se centra en la firma +Be, propiedad de Bettina Angeletti, cónyuge del funcionario, que habría recibido contratos de empresas estatales y grandes contratistas del Gobierno nacional.
La denuncia describe un mecanismo de triangulación donde firmas como el Grupo Dacto y el Grupo Foggia operan como nexo entre el Estado y el entorno familiar del funcionario. Estas organizaciones mantienen vínculos comerciales con organismos que dependen de la órbita de Adorni, tales como ARCA, AySA y el Banco Nación, mientras subcontratan simultáneamente los servicios de consultoría de Angeletti.
Pagano traza en su escrito una comparación directa con las causas Hotesur y Los Sauces al señalar que la estructura utilizada busca canalizar dinero de contratistas estatales hacia el patrimonio privado del entorno presidencial. Según la presentación, este esquema permitiría disfrazar retribuciones económicas mediante prestaciones comerciales bajo la apariencia de servicios de coaching ontológico.
Un punto crítico del expediente menciona la relación con la empresa National Shipping, principal transportista de hidrocarburos de YPF durante las últimas dos décadas. La consultora de la esposa de Adorni registra a esta naviera como cliente activo, al mismo tiempo que el jefe de Gabinete ocupa un lugar en el directorio de la petrolera estatal en representación del Estado.
La presentación judicial solicita investigar si existe un conflicto de interés estructural derivado de la capacidad de decisión que posee el funcionario sobre los organismos que benefician a las empresas vinculadas a su familia. Esta acción judicial profundiza la interna oficialista y pone bajo la lupa los vínculos comerciales cruzados entre la esfera pública y la actividad privada de los jerarcas del Ejecutivo.
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