La Cámara de Diputados inicia las audiencias por la Ley de Glaciares con restricciones en el número de oradores. De 100 mil inscriptos, solo 400 podrán exponer de forma oral.
La Cámara de Diputados de la Nación dará inicio este miércoles y jueves a las audiencias públicas vinculadas a la reforma de la Ley de Glaciares. El proceso administrativo se encuentra marcado por la limitación en la cantidad de expositores autorizados para intervenir de manera oral durante las jornadas de debate.
La Libertad Avanza estableció un cupo de 400 oradores, seleccionados entre los 100 mil inscriptos registrados para participar. La medida generó reclamos por parte de sectores de la oposición y de organizaciones ambientales que solicitan una mayor apertura en el proceso de consulta legislativa.
Las audiencias se dividirán en dos jornadas consecutivas. La primera se desarrollará el miércoles 25 bajo modalidad presencial, mientras que la segunda tendrá lugar el jueves 26 a través de plataformas virtuales. La asistencia al recinto se limitó a los 66 diputados de las comisiones intervinientes.
Para garantizar un criterio federal, la resolución oficial indica que se invitará a los primeros inscriptos de cada una de las 24 jurisdicciones del país. El resto de los ciudadanos anotados deberá remitir su postura mediante documentos escritos o grabaciones de video que no superen los cinco minutos.
La organización ambientalista Greenpeace presentó una medida cautelar ante la Justicia para exigir que se garantice la participación oral de la totalidad de los inscriptos. El pedido recayó en el juzgado de Enrique V. Lavié Pico y solicita la readecuación inmediata del cronograma de sesiones.
Según estimaciones técnicas, si el Poder Judicial ordena permitir la exposición de los 100 mil anotados, las audiencias podrían extenderse por aproximadamente 500 días. Este cálculo surge de mantener un promedio de 200 oradores por cada jornada de trabajo en las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales.
Ejes de la reforma legislativa
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo busca modificar la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares. El objetivo principal radica en redefinir el alcance de las zonas protegidas para habilitar actividades de exploración y explotación económica en áreas periglaciares.
La iniciativa propone eliminar la prohibición automática de tareas extractivas en dichas áreas, condicionándolas a la aprobación previa de evaluaciones de impacto ambiental. Asimismo, se contempla la transferencia de facultades a las provincias para determinar qué zonas específicas integrarán los inventarios de protección.
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