L. Ahumada aceptó una pena de dos años de cárcel tras reconocer que vendía droga bajo las órdenes de proveedores desde el norte del país. La investigación reveló cómo llegaban incluso hasta dos kilos de droga por mes a la provincia.
En Río Gallegos. L.A. Ahumada, un joven de 24 años, que trabaja como instalador de conductos de calefacción y que vivía en los 400 Departamentos, fue condenado a una pena tras las rejas, tras reconocer que recibía una importante cantidad de droga de manera mensual, para venderla en las calles de la capital de Santa Cruz y otras localidades.
Ahumada, además de ser un trabajador informal, era un “delivery” de cocaína que se movía por mensajes de Messenger y las transferencias a través de la plataforma de Mercado Pago.
Esta semana, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, bajo la firma unipersonal de Mario Gabriel Reynaldi, selló el destino del joven riojano mediante un juicio abreviado. Tras reconocer su responsabilidad, Ahumada fue condenado a dos años de prisión de cumplimiento efectivo como partícipe secundario de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de diversas fuentes consultadas, se pudo saber que todo comenzó casi por accidente, o mejor dicho, por una derivación de la violencia. Una denuncia por amenazas y violencia de género contra otro sujeto, de apellido Cuellar, permitió a la justicia provincial secuestrar un teléfono que resultó ser una “Caja de Pandora”. Al desglosar las comunicaciones, la División Narcocriminalidad de la Policía de Santa Cruz se topó con una red de proveedores y vendedores donde Ahumada, identificado inicialmente como un contacto asiduo de los cabecillas, cumplía el rol de brazo ejecutor en la calle.
El esquema era aceitado. Los proveedores, EJ Romero y MB Negueloua -a quienes Ahumada llamaba “tíos” en la jerga del ambiente-, se encargaban de la logística mayorista. Según pudo saber este diario, traían mensualmente entre uno y dos kilos de cocaína desde el norte, principalmente desde Mendoza, y la acopiaban en un domicilio de la calle Bustamante al 200. Desde allí, la sustancia se ramificaba hacia vendedores al menudeo como Ahumada, quien se encargaba de la última milla del negocio.
Las escuchas telefónicas incorporadas al expediente son una radiografía de las maniobras. En los audios y textos, Ahumada pedía “mercadería” con urgencia porque se quedaba sin stock, pedía que le hicieran “el aguante” con los pagos y coordinaba entregas en puntos clave de la ciudad.
Uno de los episodios más reveladores ocurrió en febrero de 2023, cuando el joven fue detectado coordinando una venta frente a un hotel céntrico. El precio de la dosis, el “G” en la jerga, se pactaba con números escuetos: “8” o “1.8”, y el pago se resolvía con la agilidad de Mercado Pago.
Condena
A pesar de que su defensa intentó encuadrarlo como una pieza fungible y fácilmente reemplazable en la cadena, el tribunal fue claro: Ahumada tenía la droga a su disposición y una voluntad manifiesta de obtener un provecho económico. El trabajo de delivery no era una actividad aislada, sino una conducta sostenida en el tiempo que alimentaba el consumo en Río Gallegos y localidades vecinas como Río Turbio.
El cierre de esta etapa judicial deja a Ahumada frente a una realidad complicada ya que, no solo deberá cumplir los dos años de prisión efectiva dictados en Santa Cruz, sino que ahora la justicia debe resolver la unificación con una condena previa de tres años en suspenso que traía de Mendoza.
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