El desarrollo del juicio contra las autoridades del club GEPU sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones del abogado defensor, Adriel Cabello, quien expuso supuestas inconsistencias y deficiencias técnicas en la formulación de los cargos que pesan sobre sus defendidos. Según el letrado, la revisión de los períodos denunciados permitió identificar "irregularidades gravísimas" cometidas por los propios denunciantes cuando administraban la institución. Cabello desestimó los señalamientos referidos al uso de fondos institucionales para gastos de servicios personales o de mantenimiento ordinario, tales como el pago de plataformas de streaming o la compra de insumos de limpieza y alimento para perros, calificándolos como argumentos de carácter netamente mediático. "Un club que tiene perros, no sé qué se espera que coman si no es alimento para perros. Artículos de limpieza me parece que es razonable que un club compre en justa medida; no estamos hablando de compras millonarias", precisó el defensor. El punto más controvertido de la exposición judicial radicó en el supuesto faltante de 80 millones de pesos imputado a la gestión. El abogado defensor cuestionó la metodología contable de la acusación, manifestando que las transferencias presentadas como evidencia —que rondan entre los 14.000 y 20.000 pesos— no logran sumar un consolidado de 100.000 pesos. En ese sentido, Cabello denunció que para alcanzar la cifra multimillonaria, la querella contabilizó de manera maliciosa los sueldos, aguinaldos y vacaciones legítimas que percibían tres de los denunciados en su condición de docentes del club, prolongando dichos montos de forma acumulativa a lo largo de varios años. Respecto al cargo por hurto, concluyó que la imputación carece de rigor legal al fundamentarse en el relato informal de un testigo que ni siquiera se encuentra asentado en las actas del expediente.
