El cierre de la fábrica de neumáticos Fate forzó al Gobierno nacional a virar su discurso oficial desde la confrontación gremial hacia el ataque directo contra el propietario de la empresa.
El Ejecutivo reaccionó inicialmente responsabilizando a la conducción del gremio Sutna por el cese de operaciones en la histórica planta de San Fernando. Voceros del oficialismo y legisladores cercanos a la Casa Rosada atribuyeron la caída de la producción a las exigencias de los sectores de izquierda, señalándolos como los responsables de comprometer la competitividad de la firma frente a la competencia externa.
Sin embargo, la dimensión de la pérdida de 920 puestos de trabajo obligó a un cambio de estrategia comunicacional durante la jornada para evitar el costo político. El foco de las críticas se desplazó rápidamente hacia Javier Madanes Quintanilla, dueño de la compañía, a quien el entorno presidencial calificó de empresario vinculado al modelo anterior para desmarcar la responsabilidad estatal en el conflicto industrial.
El sindicato de capitanes y oficiales fluviales inicia un paro y se frenan las exportaciones por 48 horasLa Secretaría de Trabajo intervino mediante el dictado de la conciliación obligatoria por un período de quince días con el objetivo de frenar las desvinculaciones de forma momentánea. Esta medida representa una tregua técnica que posterga la decisión final y contradice la premisa de no intervención en acuerdos entre privados que sostiene la administración central en su plataforma económica.
El conflicto también reavivó las fricciones internas dentro del oficialismo tras la orden judicial de desalojo de la planta que había sido ocupada por sus operarios. Ciertos sectores libertarios recordaron con desconfianza la visita que Victoria Villarruel realizó a la fábrica meses atrás, donde la vicepresidenta se mostró receptiva a los reclamos de los trabajadores y deslindó responsabilidades hacia el Poder Ejecutivo.
La resolución de la crisis en Fate permanece abierta mientras el Gobierno intenta equilibrar su retórica de libre mercado con el impacto social de un cierre de esta magnitud en el conurbano bonaerense. La tensión interna por la gestión de la política industrial y la respuesta ante la caída del empleo formal definen ahora la prioridad de la agenda económica inmediata.
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