En medio de una crisis social y política que ha derivado en más de un mes de protestas y bloqueos de rutas en todo el país, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha presentado ante el Congreso un proyecto de ley. La iniciativa tiene como objetivo reglamentar el estado de excepción y, de manera crucial, fortalecer la capacidad de las Fuerzas Armadas para intervenir en el levantamiento de dichos bloqueos.
Esta medida se anuncia en un momento de particular tensión, apenas un día después de la renuncia del ministro de Defensa, Mauricio Salinas. Las manifestaciones, que inicialmente surgieron de reclamos de sectores como campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros por la situación económica, han escalado hasta convertirse en un llamado generalizado a la renuncia del presidente Paz.
Durante el acto de presentación del nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, el mandatario enfatizó que el proyecto busca “fortalecer” la acción militar en un eventual escenario de excepción, sin descartar su aplicación si la crisis se profundiza. Paz reiteró la disposición de su gobierno al diálogo, pero al mismo tiempo impulsó esta vía legal para permitir la intervención de las Fuerzas Armadas, calificando la posible acción como una medida de carácter “humanitario”, aunque sin ofrecer detalles específicos sobre su alcance.
La complejidad de la situación legal se acentúa tras la anulación por parte del Congreso de una normativa anterior que requería autorización legislativa para que el Presidente decretara un estado de excepción. Esta decisión otorga al Ejecutivo mayor autonomía para, potencialmente, restringir libertades fundamentales como las de reunión y circulación, derechos clave en el desarrollo de las actuales protestas.
Ernesto Justiniano, exzar antidrogas y flamante ministro de Defensa, subrayó la prioridad de “recuperar la normalidad”. “El diálogo está siempre abierto, pero quienes se niegan a dialogar no pueden paralizar el país”, afirmó. Los bloqueos han provocado una severa escasez de alimentos, medicamentos y combustibles, afectando especialmente a La Paz, sede del Gobierno, y a la vecina El Alto.
Las autoridades bolivianas han reportado el fallecimiento de siete personas debido a la imposibilidad de recibir atención médica a tiempo por los cortes de ruta. Asimismo, las ciudades sufren la acumulación de basura y registran largas filas de vehículos en las estaciones de servicio, con motociclistas llegando incluso a pernoctar en carpas para asegurar su lugar y protegerse del frío.
El Gobierno ha denunciado que ciertos sectores de los manifestantes buscan “alterar el orden democrático”, y ha señalado directamente al expresidente Evo Morales, acusándolo de dirigir las protestas. Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, actualmente se encuentra prófugo de la justicia en el marco de una investigación por presunta trata de una menor.
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