Evangelina Cornellana, integrante del Centro de Asistencia al Trabajo (CeATRA), la provincia se ubica al frente del ranking nacional en mora empresarial: una de cada cuatro empresas registradas con pasivos financieros no puede afrontar sus pagos. El informe «Mapa de la Deuda», articulado junto a la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), detalla que en San Luis existen más de 2.400 empresas con compromisos crediticios vigentes. De ese total, 574 registran una mora superior a los 90 días, y más de 500 corresponden a micro y pequeñas unidades económicas —tales como panaderías, ferreterías y pequeños distribuidores locales—. Crecimiento sostenido y caída del consumo
La curva ascendente comenzó a marcarse a principios de año: mientras que en abril la morosidad en el sector pyme se ubicaba en el 18%, para agosto trepó al 23%. A este panorama se suma el universo de los trabajadores independientes. Según las estadísticas relevadas a agosto, existen en la provincia 33.000 monotributistas endeudados, de los cuales alrededor de 6.000 ya ingresaron en situación de mora.
El informe vincula esta problemática directamente con la caída del poder adquisitivo de las familias y el desplome del consumo interno: sin ventas suficientes y ante costos fijos en alza, los comerciantes recurren al crédito no para invertir o expandirse, sino para sostener el funcionamiento diario. Los límites de las respuestas oficiales
Consultada sobre las medidas gubernamentales, en particular la denominada «ley de desendeudamiento» impulsada a nivel provincial, Cornellana aclaró que en la práctica se trata de una herramienta de refinanciación dirigida a personas físicas
"El problema de fondo no es la falta de voluntad de pago, sino la pérdida de ingresos frente al costo de vida y los aumentos de tarifas. En los esquemas de refinanciación habituales, más de la mitad de las personas vuelve a caer en mora porque las condiciones estructurales no cambian". Frente a la apertura comercial y el ingreso de productos del exterior que compiten con la producción local, desde los organismos convocan a construir mesas de diálogo multisectoriales que incluyan al sector pyme y a los trabajadores, reclamando políticas públicas integrales para preservar el tejido productivo y el empleo en la provincia.
