El diputado Carlos D'Alessandro analizó la coyuntura socioeconómica del país y de la provincia, manifestando una profunda preocupación por el deterioro de las condiciones de vida de los sectores trabajadores. En sus declaraciones, el legislador advirtió que el modelo económico actual produce una "pervanización" de la economía, caracterizada por un porcentaje abrumador de la población bajo la línea de pobreza y la consecuente erosión del estrato medio. Según su diagnóstico, el principal temor histórico de la clase media es caer en la vulnerabilidad social, un fenómeno que se está concretando debido a que los ingresos laborales mínimos no logran cubrir el costo de la canasta básica vital y móvil. El referente legislativo contrastó la situación actual con el origen histórico de la clase media argentina, la cual se consolidó a partir de la revolución productiva impulsada a mediados de la década de 1940, emulando procesos industriales de cadena continua como el automotriz en los Estados Unidos. D'Alessandro criticó la postura del Gobierno nacional de promover el libre mercado para regular la economía mientras, en paralelo, mantiene una intervención directa sobre los salarios. En este sentido, denunció que la gestión oficial sostiene "pisadas" las paritarias sectoriales de gremios como camioneros, gastronómicos y comercio, fijando los aumentos sistemáticamente por debajo del índice inflacionario y pulverizando el poder de compra. En el orden local, el diputado evaluó el impacto de esta política salarial en la administración pública de San Luis. Históricamente, las remuneraciones de los empleados estatales puntanos funcionaron como el motor de la actividad económica provincial, al situarse en niveles medios-altos en comparación con el promedio de la República Argentina. Sin embargo, D'Alessandro advirtió que en la actualidad se han devaluado a la categoría de salarios medios-bajos. El legislador calificó de "irrisorios" los ingresos en el sector y ejemplificó la gravedad de la situación señalando casos de trabajadores municipales que perciben haberes de 400.000 pesos, una cifra que se ubica por debajo de la línea de indigencia y de la canasta alimentaria elemental.
