El ministro de Justicia defendió la medida al basarse en la Constitución, que contempla reducciones por buena conducta. Por su lado, la oposición planteó la posibilidad de un juicio político contra el funcionario.
El gobierno de José Antonio Kast justificó este viernes una serie de rebajas a las penas de presos por abusos sexuales y crímenes de la dictadura. Se trata de una medida para más de 50 condenados y la oposición planteó la posibilidad de un juicio político contra el Ministerio de Justicia.
La decisión fue del ministro Fernando Rabat, quien se pronunció sobre dichos beneficios carcelarios y aseguró que la ley obliga a hacerlo. «Existiendo normas constitucionales que obligan a aplicar la norma de manera inmediata, nos correspondía dictar esas resoluciones», defendió el funcionario en una entrevista con radio Duna.
Chile justifica rebaja de penas a presos por abusos sexuales y crímenes de la dictadura
El medio de investigación Interferencia informó este miércoles que el gobierno redujo la condena de 56 personas por abuso sexual y violación desde que asumió Kast. Posteriormente, el medio El Mostrador afirmó que otros dos condenados fueron beneficiarios, por violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), del que Kast es defensor.
No obstante, a raíz de la controversia, la cartera de Rabat anunció este viernes la suspensión de nuevos decretos de rebaja de condena. En un comunicado, informó además sobre un proyecto destinado a impedir que condenados por delitos sexuales a menores sigan accediendo a esos beneficios.
La ley contempla reducciones de condena por buena conducta luego de que hayan cumplido la mitad de sus penas. Por su lado, la oposición convocó una sesión extraordinaria del Congreso para abordar el escándalo y planteó incluso la posibilidad de un juicio político contra el ministro de Justicia.
El ministro de Justicia chile, defensor de Pinochet, en el centro de la polémica
Rabat estuvo en la mira desde que el gobierno asumió en marzo, tras conocerse que defendió a Pinochet en 2004, en un caso de presunta malversación de fondos públicos durante la dictadura, archivado tras la muerte del general.
Esta semana, su ministerio presentó un proyecto de ley que impediría al Instituto Nacional de Derechos Humanos presentar querellas en tribunales. También planea reducir el presupuesto para 2027 del Plan de Búsqueda impulsado por Gabriel Boric en 2024, que tiene como objetivo esclarecer el destino de los detenidos desaparecidos durante la dictadura.