Más de 30.000 hectáreas fueron consumidas por los incendios forestales en Tolima, el departamento más afectado por la emergencia que atraviesa Colombia. Las autoridades sospechan que varios focos fueron provocados de manera intencional y ya presentaron una denuncia para determinar quiénes serían los responsables.
La gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz, aseguró que existen elementos que permiten sospechar de una acción deliberada: “Tenemos indicios serios de que hay manos criminales. Por esa razón colocamos la denuncia en la Fiscalía en averiguación de responsables”, afirmó.
Entre los indicios mencionados por la funcionaria aparecen testimonios de habitantes y reportes de los bomberos. Según Matiz, vecinos relataron haber visto a dos hombres desplazándose en una moto antes de que comenzara uno de los incendios. Además, un informe de los equipos de emergencia señaló que uno de los focos habría sido iniciado presuntamente utilizando combustible.
La gobernadora también planteó que quienes estarían detrás de los incendios podrían estar aprovechando el desplazamiento de efectivos de seguridad hacia las zonas afectadas por el fuego para cometer otros delitos. La sospecha apunta especialmente a un corredor estratégico ubicado en el sur del departamento, donde también existe actividad de minería ilegal de oro.
Tolima se encuentra en el centro-oeste de Colombia y es una de las regiones donde operan facciones disidentes de las FARC que no se incorporaron al acuerdo de paz firmado con el Estado hace una década.
Ataques y amenazas aumentan las sospechas
Para Matiz, resulta llamativo que durante agosto, mientras avanzaban los incendios, también se registraran en distintos municipios hostigamientos armados, ataques con drones cargados con explosivos y amenazas contra funcionarios públicos atribuidos a grupos armados ilegales.
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ordenó reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad y pidió una respuesta contundente ante las sospechas de que los incendios podrían haber sido provocados. El mandatario también solicitó colaboración a Chile y Estados Unidos para contribuir a las tareas destinadas a controlar el fuego.
En paralelo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que el Gobierno trabaja en un “nuevo estatuto antiterrorista” que sería enviado al Congreso. La iniciativa busca incorporar nuevas herramientas para combatir a los grupos criminales que las autoridades sospechan que podrían estar vinculados con los incendios y otras acciones delictivas.
Dieciséis incendios permanecían activos
La emergencia no se limita a Tolima. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que el martes permanecían activos 16 incendios en cinco departamentos: Tolima, Valle del Cauca, Cundinamarca, Boyacá y Nariño.
Tolima concentraba la mayor afectación, con ocho incendios activos en zonas rurales. Para combatirlos, las autoridades desplegaron equipos terrestres y medios aéreos destinados a contener las llamas y evitar que continúen avanzando.
Uno de los focos más importantes se encuentra en el municipio de Suárez: “Tenemos unos incendios que son de gran magnitud que los tenemos ubicados en el municipio de Suárez. Es un incendio de siete kilómetros que está sobre un cerro y que tiene diferentes focos”, explicó Matiz.
Hasta el momento, los incendios en Tolima no provocaron muertos ni heridos, aunque algunas personas tuvieron que ser trasladadas a centros de salud por inhalación de humo.
Miles de hectáreas productivas afectadas
Además del impacto ambiental, el fuego provocó graves pérdidas económicas y productivas. Según estimaciones de la gobernadora, más de 50 viviendas fueron destruidas, cerca de 8.000 hectáreas destinadas a cultivos de alimentos resultaron afectadas y unas 22.000 cabezas de ganado quedaron sin alimento.
La situación amenaza con generar graves consecuencias económicas para las comunidades rurales, especialmente por las pérdidas en cultivos y la falta de alimento para el ganado. Las autoridades anticipan una posible crisis económica en la región y ya trabajan en medidas de asistencia, recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas.
Mientras continúan las tareas para controlar los focos activos, las autoridades avanzan también en la investigación sobre el posible origen intencional de los incendios y buscan determinar si existe una conexión entre la emergencia ambiental y la actividad de grupos armados ilegales.
