El legislador puntano Fernando Salino avanzó con una doble iniciativa para blindar la actividad política de maniobras impositivas dudosas. Los proyectos, ya ingresados en la Cámara Alta, apuntan a dejar afuera de cualquier moratoria o regularización patrimonial a quienes ocupen o hayan ocupado funciones de representación pública.
## Una barrera ética contra el autoblanqueo
La propuesta del senador sanluiseño modifica la normativa vigente de Inocencia Fiscal para cerrarle la puerta a funcionarios, legisladores y su núcleo familiar más cercano. La exclusión abarca a cónyuges, convivientes y parientes de primer grado, con una extensión temporal que se mantiene vigente dos años después de abandonado el cargo.
Salino fundamentó su postura en términos de coherencia democrática. Considera inaceptable que quienes tienen la potestad de diseñar políticas tributarias terminen siendo beneficiarias directas de los alivios que ellos mismos sancionan. El legislador recordó casos de ministros nacionales que, en años anteriores, se acogieron a regímenes de declaración simplificada mientras ocupaban responsabilidades ejecutivas.
La iniciativa no se limita al presente: establece una cláusula de perpetuidad que prohíbe cualquier futuro mecanismo de amnistía patrimonial orientado al personal de alta jerarquía estatal. De este modo, busca evitar que nuevas administraciones habiliten ventanillas especiales para regularizar activos desde posiciones de poder.
## Riesgos para la reputación internacional del país
El senador advirtió que relajar los controles sobre el origen de los fondos compromete la evaluación que organismos multilaterales realizan sobre el sistema argentino de prevención de lavado de activos. Si bien la ARCA actúa como órgano ejecutor de estas políticas, la UIF podría sufrir un debilitamiento operativo en caso de que se flexibilicen los requisitos de declaración de bienes y rentas.
En paralelo a la cuestión fiscal, Salino cuestionó la ausencia reiterada del Jefe de Gabinete en la Cámara de Senadores. Consideró que la omisión de los informes de gestión previstos constitucionalmente desgasta el mecanismo de contralor que le corresponde al Parlamento, particularmente cuando el oficialismo impulsa simultáneamente una reforma del sistema electoral.
El interbloque que integra el legislador anticipó que elevará estos proyectos durante el tratamiento en comisiones del paquete tributario que el Poder Ejecutivo prepara para enviar al Congreso. Salino enfatizó que la equidad impositiva exige distinguir entre el contribuyente de a pie y aquel que, desde una investidura pública, pudo haber eludido la transparencia en sus declaraciones patrimoniales.
Redacción SDN
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