ESTUDIANTES MILITANTES | Agustín Ligorria, Jonatan Lucero y Eric Pérez en #ESDP

Personal de la Policía de la Ciudad procedió al cierre definitivo de un búnker destinado a la comercialización de estupefacientes al menudeo en el interior del Barrio 15, en la zona de Villa Lugano, en un operativo de flagrancia que culminó con la detención de tres mujeres y la incautación de diversas sustancias ilegales. El procedimiento se originó a partir de tareas de prevención pública desarrolladas por la División Unidad Táctica de Pacificación IV. De acuerdo con el parte policial, los efectivos detectaron maniobras compatibles con el narcomenudeo en la puerta de una vivienda de dicho asentamiento. Al percatarse de la presencia de los uniformados, el presunto comprador intentó darse a la fuga, siendo interceptado a los pocos metros, mientras que una de las investigadas ingresó rápidamente al inmueble con el propósito de refugiarse. Ante la urgencia del caso, y tras observar visualmente desde una ventana exterior cómo las ocupantes intentaban ocultar bolsos con sustancias químicas, la Unidad de Flagrancia Sur dispuso la correspondiente autorización para el ingreso forzoso al domicilio. Como resultado de la requisa de las dependencias y de un pasillo lindero donde las imputadas intentaron descartar elementos probatorios, el personal policial secuestró un total de 22 envoltorios de cocaína, 11 de pasta base, 37 de marihuana y una bolsa que contenía la sustancia conocida como "Tusi" (cocaína rosa). Asimismo, se procedió a la incautación de $504.400 en moneda de curso legal, 100 dólares estadounidenses, tres balanzas de precisión utilizadas para el fraccionamiento de las dosis y cuatro teléfonos celulares. Los cruzamientos de datos arrojaron que una de las detenidas, de nacionalidad chilena, registraba tres antecedentes previos por infracción a la Ley de Drogas, en tanto que el comprador demorado también poseía prontuario por robo agravado por el uso de armas, atentado y resistencia a la autoridad. La Unidad de Flagrancia Sur, bajo la dirección del Dr. Sebastián Landini, ratificó la detención formal de las tres implicadas bajo la acusación de infracción a la Ley 23.737, ordenando además el decomiso del material estupefaciente y el establecimiento de una consigna policial permanente en la propiedad desarticulada.

Somos un medio de comunicación comprometido con la objetividad y la seriedad periodística, transmitiendo la realidad de nuestra provincia y el país desde la capital puntana. Radio: Sintonizanos en vivo por la 105.3 FM en la Ciudad de San Luis Web: sdn.digital
Instagram: @serviciodenoticias X (Twitter): @sdn_digital Facebook: Servicio de Noticias San Luis YouTube: Suscribite para recibir nuestras actualizaciones diarias y transmisiones especiales. Conviértete en miembro de este canal para disfrutar de ventajas:
https://www.youtube.com/channel/UC67sn8psgPFmGHbKPvoZt8A/join

La actividad legislativa en el Congreso de la Nación continúa bajo el escrutinio de la opinión pública tras los recientes realineamientos de los bloques políticos en torno a la conformación del quórum parlamentario. En el espacio de análisis editorial de hoy, se evaluó con severidad el impacto institucional de estas estrategias, calificando los episodios actuales como anomalías sin precedentes en la historia democrática reciente de la República Argentina, al compararlos formalmente con los últimos períodos gubernamentales del país. El foco de la crítica editorial se centró en la práctica de acordar la caída de las sesiones mediante la manipulación del número necesario de legisladores para sesionar. "Pasan cosas en este tiempo que no son normales, como por ejemplo coparticipar el quórum para que se caiga una sesión", se advirtió durante el informe. Los analistas indicaron que esta jornada parlamentaria no debe interpretarse bajo una lógica estrictamente partidaria, sino como una encrucijada institucional y democrática que funcionará como un sello histórico sobre la reputación de cada uno de los representantes involucrados. Finalmente, la columna concluyó con un firme reclamo en favor de la transparencia gubernamental, el fortalecimiento de la división de poderes y el avance de los procesos de auditoría sobre el uso de los recursos del Estado. En esa dirección, se enfatizó que ante la mínima sospecha o imputación de irregularidades administrativas, los funcionarios públicos deben someterse a las investigaciones de los tribunales correspondientes, sugiriendo la necesidad de apartar temporalmente de sus cargos a quienes se encuentren bajo proceso penal con el fin de salvaguardar el prestigio y la idoneidad del ejercicio de la función pública.