La División Policial de Investigaciones (DPI) llevó adelante este lunes por la mañana una serie de allanamientos en el marco de una causa por intimidación pública. Está vinculada a amenazas con armas de fuego contra la Escuela Municipal de Pesca N.° 2701 “Juan Demonte”.
Los procedimientos se realizaron en dos domicilios de la ciudad. El primero tuvo lugar en Ruperto Giménez al 500, donde se procedió al secuestro de un teléfono celular perteneciente a C.T. En tanto, el segundo operativo se concretó en el barrio Nueva Chubut, manzana 889, lote 16, con resultado positivo, donde se incautó otro dispositivo móvil correspondiente a S.U.
La medida judicial se originó a partir de una denuncia radicada por autoridades de la Escuela de Pesca. Según indicaron, tomaron conocimiento de que un alumno de la institución, identificado como T.C., junto a otro menor ajeno al establecimiento, U.S., habrían difundido mensajes intimidantes a través de estados de WhatsApp.
De acuerdo a la denuncia, en dichas acciones uno de los involucrados se exhibía con un arma de fuego y hacía referencia a un posible ataque contra el establecimiento educativo. Esto motivó la inmediata intervención de la Justicia.
En los allanamientos colaboraron distintas áreas policiales, entre ellas personal de Infantería, Comisaría Distrito Segunda, Comisaría Distrito Cuarta y Policía Científica, además de la Asesoría de Familia.
La causa es investigada por la fiscal Eugenia Vottero, con intervención de la jueza penal Patricia Encarnación Reyes. Asimismo, tomó participación la asesoría civil de familia, al tratarse de menores de edad en conflicto con la ley.
El encuadre legal de las amenazas
Las conductas investigadas se encuadran en el delito de amenazas, previsto en el Código Penal Argentino, que sanciona a quien intimida a otra persona con la intención de generar temor o condicionar su comportamiento. Cuando estas amenazas involucran el uso de armas o generan conmoción pública —como en el caso de instituciones educativas— su gravedad se incrementa y puede implicar consecuencias penales más severas.
Desde el Ministerio Público Fiscal se remarcó que, aun cuando este tipo de hechos se origine en contextos juveniles o como supuestas “bromas”, constituyen delitos que movilizan recursos del Estado.
La intervención se da en un escenario donde distintas escuelas de Puerto Madryn y de la provincia han activado protocolos preventivos ante mensajes intimidantes. Estos incluyeron evcuaciones, presencia policial y coordinación interinstitucional para resguardar a estudiantes y docentes.
En ese marco, la Fiscalía trabaja de manera conjunta con organismos de seguridad, el sistema educativo y áreas de niñez. El objetivo no es solo investigar los hechos, sino también abordar integralmente el fenómeno, entendiendo su dimensión social y digital.
Desde las autoridades se informó que no hubo personas demoradas, mientras continúa el avance de la investigación.
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