Ante el incremento de la morosidad crediticia en los hogares y la falta de una regulación marco a nivel federal —debido a la postura del Gobierno nacional de considerar el endeudamiento como una cuestión estrictamente entre privados—, 17 provincias argentinas y diversas entidades bancarias pusieron en marcha planes de refinanciación de deudas.
Un informe elaborado por el IERAL de la Fundación Mediterránea advierte que, si bien la mora actual no compromete la estabilidad macroeconómica ni al sistema financiero, la intervención resulta indispensable para contener la conflictividad social y evitar que miles de familias queden marginadas del circuito de crédito formal. El relevamiento detalla las diferentes modalidades y herramientas que cada distrito ha comenzado a implementar para dar respuesta a los deudores:
Iniciativas en los principales distritos:
En la Provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia refinancia deudas de tarjetas y préstamos personales (hasta $10 millones y con atrasos menores a 70 días) a tasas fijas de entre el 39% y 50% TNA, con plazos extendidos de 60 a 72 meses.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), a través de una ley de la Legislatura, el Banco Ciudad y bancos privados adheridos fijaron una tasa máxima de 35% TNA, un mínimo de 24 cuotas y un 50% de exención en Ingresos Brutos sobre los intereses cobrados.
Medidas en el resto del país: Provincias como Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego aplicaron topes al porcentaje de afectación salarial, subsidios de tasas, períodos de gracia y exenciones de impuestos locales (sellos e Ingresos Brutos) para trabajadores estatales y privados.
El debate en San Luis: En el ámbito provincial puntana, el proyecto de desendeudamiento —que incluye incentivos fiscales de hasta el 25% para los bancos— generó la reacción gremial de ATE, que solicitó participar en las comisiones legislativas para plantear que la raíz del problema reside en el deterioro de los ingresos y la caída del poder adquisitivo. El IERAL subraya la necesidad de que el Congreso avance en una ley nacional de refinanciación voluntaria que unifique criterios y articule las medidas vigentes. Entre las principales propuestas se plantea la exención del IVA sobre los intereses de los préstamos de refinanciación (condicionada a que provincias y municipios eliminen tributos análogos), el uso de esquemas de actualización por UVA con tasas moderadas para bajar la carga inicial de las cuotas, y posibles incentivos en encajes para las entidades financieras que participen, buscando una solución sostenible que proteja la solvencia de las familias sin perjudicar el crédito futuro.
