El Gobierno nacional celebró la confirmación del segundo superávit financiero consecutivo, una marca alcanzada mediante una estrategia de ajuste del gasto público que ha generado fuertes tensiones políticas con las provincias.
El Palacio de Hacienda divulgó el informe que detalla el resultado financiero positivo del último mes, consolidando una tendencia de equilibrio de las cuentas públicas que era el objetivo central de la actual administración. Esta cifra incorpora el pago de intereses de la deuda y representa un hito en la política fiscal que busca utilizar el superávit como ancla contra la inflación persistente.
Sin embargo, el logro se sustenta primariamente en una fuerte licuación de gastos, producto de la paralización de obras de infraestructura, la desactualización de las partidas presupuestarias por la inflación (lo que técnicamente se conoce como ‘motosierra invisible’) y la suspensión de transferencias discrecionales a los gobiernos provinciales. Esta metodología ha generado airados reclamos por parte de los gobernadores, quienes denuncian un ahogo financiero que impacta directamente en servicios esenciales.
Esta es la serie que todos están viendo en Netflix después de la decepción del episodio 9 de ‘Stranger Things’: 6 horas y 16 minutos de suspenseFuentes oficiales de la Casa Rosada defendieron la disciplina fiscal, argumentando que el ordenamiento de las cuentas es el primer paso indispensable para recuperar la confianza de los mercados y estabilizar la macroeconomía. Sostienen que el sacrificio actual es necesario para evitar una crisis mayor a corto plazo, proyectando una potencial relajación del ajuste solo una vez que la inflación comience a ceder de forma estructural.
Economistas y analistas de mercado señalan que el desafío inmediato del Poder Ejecutivo será sostener este superávit mientras se intenta implementar una estrategia para reactivar la actividad económica, que muestra signos de fuerte recesión. La sostenibilidad del ajuste depende de la capacidad política del Gobierno para negociar con la oposición y mantener el apoyo social ante una caída generalizada del poder adquisitivo.
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