Una corte de Nueva York concedió una suspensión temporal que frena, al menos por una semana, la orden que obligaba al país a transferir el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos demandantes.
La Justicia de Estados Unidos le otorgó este martes un alivio temporal a la Argentina en el millonario juicio por la expropiación de YPF. Una Corte de Apelaciones de Nueva York suspendió de manera provisoria la orden que obligaba al Estado nacional a entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos demandantes, encabezados por Burford Capital.
La decisión judicial, conocida como «suspensión administrativa temporal», fue dictada para permitir una presentación ordenada de argumentos por ambas partes antes de resolver si la medida cautelar se mantiene durante todo el proceso de apelación.
El cronograma establecido por la corte indica que los fondos demandantes tienen plazo hasta este jueves 17 de julio para oponerse a la suspensión prolongada, mientras que Argentina deberá responder el martes 22. Luego, un panel de tres jueces analizará los escritos y decidirá si mantiene la suspensión mientras se desarrolla la apelación contra el fallo de fondo.
La resolución de este martes frena por ahora la ejecución de la “orden de entrega” dictada por la jueza Loretta Preska el pasado 30 de junio, que obligaba a Argentina a desprenderse de las acciones de YPF.
Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro que siguió el caso durante cuatro años, detalló en su cuenta de X los próximos pasos procesales. Aclaró que la Cámara no tiene plazo para tomar una decisión sobre la suspensión, aunque podría hacerlo en cualquier momento una vez completado el cruce de escritos.
Si la Cámara accede al pedido argentino, la orden de Preska quedará suspendida hasta que se resuelva la apelación, lo que podría extenderse hasta 2026. En cambio, si el pedido es rechazado, volverá a entrar en vigencia la obligación de entregar las acciones.
El juicio por la nacionalización de YPF, iniciado por fondos que adquirieron los derechos de litigio, ya implicó una sentencia en contra de Argentina por USD 16.100 millones.
Con información de NA
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